Cataluña. Munté asegura que la viabilidad del estado del bienestar en cataluña pasa por tener un estado propio

La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, denunció hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que el sistema de bienestar social en Cataluña está infrafinanciado por el Estado y que "todo lo que ha pasado estos últimos años me hace pensar que sin estado propio no hay Estado del Bienestar en Cataluña".
A la pregunta sobre qué futuro tendría la atención a la dependencia si Cataluña se convirtiera en un país independiente, Munté dijo que "la atención a la dependencia la sostenemos ya de forma prioritaria con el esfuerzo de la Generalitat, de la administración local y de los propios usuarios del sistema que ya aportan más de lo que aporta el Estado". En este sentido, Munté aseguró que "el Gobierno de la Generalitat trabaja para sostener el Estado del Bienestar que ha recibido tantas puntadas de pie como ha podido por parte del Estado" y que "todo lo que ha pasado estos últimos años me hace pensar que sin estado propio no hay Estado del Bienestar en Cataluña".
En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Munté explicó que desde el año 2011 hasta hoy la financiación del Estado a los servicios sociales se ha reducido drásticamente pasando de los 76 millones de euros en 2011 a los 6,3 millones en la actualidad.
También señaló que en el Presupuesto de la Generalitat para 2015, unas cuentas que aún se encuentran en trámite parlamentario, el Gobierno catalán amplía la partida destinada a los servicios sociales de los 183 a los 187 millones de euros.
Munté criticó una vez más la impugnación por parte del Estado del Decreto ley contra la pobreza energética que aprobó el Ejecutivo catalán y que permitía a un determinado colectivo de personas suspender el pago de las facturas de electricidad y gas durante los meses de noviembre a marzo con la garantía de que no se les cortaría el suministro. Munté aseguró que "aún nadie del Gobierno me ha dado ninguna razón" sobre el porqué de la impugnación de la normativa catalana frente al Tribunal Constitucional. El gobierno siempre dijo que la Generalitat se había extralimitado en sus competencias pero Munté considera que "el Estado ni hace ni deja hacer".
De momento, la Generalitat da cobertura a esta normativa a través de la modificación del Código del Consumo y el presupuesto cuenta con un fondo de pobreza energética de 10 millones de euros de los cuales se tendrá nutrir la normativa que protege a las familias que no pueden hacer frente al pago de las facturas de gas y electricidad.