Lisboa, 28 ago.- El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha promulgado la ley de incremento del horario laboral de 35 a 40 horas semanales para los funcionarios, cuya inminente aplicación ha llevado a la oposición a pedir que la examine el Tribunal Constitucional.
Según informó hoy el Parlamento portugués, la norma fue sancionada por Cavaco Silva el 22 de agosto y aparecerá en breve en el Diario Oficial de la República, paso previo para su entrada en vigor 30 días después de su publicación.
La ley -aprobada en el Parlamento a finales de julio por las fuerzas que integran el Gobierno (el centroderechista Partido Social Demócrata y los democristianos del CDS-PP)- se enmarca en los últimos recortes adicionales a los que se comprometió Portugal a cambio de su rescate internacional de 78.000 millones de euros.
Actualmente, el número de empleados públicos en el país ronda los 600.000, cerca del 13 % de la población en edad activa, aunque su peso ha ido cayendo desde el inicio de la crisis.
El Partido Socialista (principal de la oposición y que precedió en el Gobierno al actual Ejecutivo conservador), el Partido Comunista Portugués, el marxista Bloque de Izquierda y los sindicatos criticaron la inminente entrada en vigor de la norma.
El portavoz de los socialistas, Carlos Zorrinho, opinó que la ley es "unilateral" e "injusta", especialmente por acarrear una reducción de los rendimientos de los funcionarios.
Por este motivo, propuso que la misma sea evaluada por el Tribunal Constitucional, que ya anuló varios recortes del Gobierno el pasado abril.
Entonces, esa corte, que actuó a instancias de Cavaco Silva y los partidos de izquierda, consideró ilegales varias medidas de recorte -entre ellas una bajada de salarios a los funcionarios y pensionistas- cuyo ahorro se estimó en unos 1.300 millones de euros.
El Ejecutivo decidió compensar esa suma con nuevas medidas, como una rebaja del 10 % en los gastos de los ministerios, el retraso de la edad de jubilación de 65 a 66 años y el aumento de 35 a 40 horas semanales del trabajo de los funcionarios.
La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, entidades que concedieron en 2011 el rescate financiero a Portugal, recomiendan al Ejecutivo de Pedro Passos Coelho reducir el funcionariado en Portugal.
A petición de Cavaco Silva, el Constitucional estudia la legalidad de otra ley sobre el funcionariado, la que facilita su salida, conocida como régimen de "movilidad especial".
Su aplicación pretende facilitar la desvinculación laboral de funcionarios (especialmente profesores) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados y a los que a partir de ahora marca un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo.
Acabado ese periodo -durante el que reciben un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrán optar por formar parte de una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral con derecho a la prestación por desempleo.
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