CCOO y UGT piden que el salario mínimo recupere el poder adquisitivo perdido

  • Los sindicatos CCOO y UGT han instado hoy al Gobierno a que aumente el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta compensar la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido año tras año desde 2009 y a que reforme la ley "para asentar sobre nuevas bases" la determinación anual de su cuantía.

Madrid, 27 dic.- Los sindicatos CCOO y UGT han instado hoy al Gobierno a que aumente el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta compensar la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido año tras año desde 2009 y a que reforme la ley "para asentar sobre nuevas bases" la determinación anual de su cuantía.

En una nota, CCOO y UGT explican que sus secretarios de Acción Sindical, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, han remitido una carta al director general de Empleo, Xavier Thibault, mostrando su desacuerdo con la propuesta del Gobierno de aumentar en 3,9 euros (un 0,6 %) el salario mínimo para 2013, hasta 645,3 euros mensuales.

En la carta, Górriz y Ferrer recuerdan al Ejecutivo que debe tener en cuenta el IPC (que en noviembre se elevó hasta el 2,9 % interanual) o la participación de los salarios en el PIB a la hora de determinar la cuantía del SMI.

Al respecto, señalan que en 2012 el Gobierno optó por congelar el salario mínimo, y que los "moderados" aumentos de 2010 y 2011 no sirvieron para compensar el "fuerte" crecimiento del IPC esos años, por lo que demandan compensar la pérdida de poder de compra acumulada.

Añaden que la referencia al II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que realizó el Ejecutivo para defender su proposición de aumento del 0,6 % en el SMI es "claramente interesada y no tiene ningún tipo de justificación", ya que el Gobierno es quien tiene la obligación legal de determinar la cuantía.

Górriz y Ferrer también rechazan la congelación por tercer año consecutivo del Indicador Público de Efectos de Renta Múltiple (IPREM), que sirve para determinar la cuantía de determinadas prestaciones y para acceder a determinados beneficios o servicios públicos, que actualmente se sitúa en 532,51 euros.

Así, abogan por incluir un mecanismo de revisión automática de este indicador similar al que existe para revalorizar las pensiones en función de la desviación del IPC.

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