La aplicación de la ley concursal a las microempresas está en entredicho hasta que pueda funcionar de forma eficiente. Así lo ha solicitado el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante la aprobación este jueves del informe sobre el anteproyecto de la ley, en el que insta a que no se imponga a las pequeñas compañías mientras no se disponga de todos los medios técnicos necesarios para su correcto funcionamiento.
El resultado de la votación del texto ha sido de veinte votos a favor y uno en blanco, y en él se expresan también reparos por la mayor carga de trabajo que puede suponer para los órganos judiciales. No obstante, en términos generales considera que el anteproyecto incorpora "adecuadamente" las disposiciones de la norma europea y cumplirá con su objetivo fundamental, que es mantener la viabilidad de la empresa y evitar el concurso.
En relación a las microempresas, entidades que en el año anterior a la solicitud del concurso hayan ofrecido contrato a menos de diez trabajadores y además tengan un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros, sobre las que no se pronuncia la directiva europea, el CGPJ cree que es un error que se aplique desde el mismo momento de la entrada en vigor de la ley.
Mediante el procedimiento de la ley se pretende articular una estructura concursal más flexible, según señala el CGPJ, y mediante el uso de nuevas tecnologías se aspira a a eliminar o limitar la participación de abogados, procuradores y administradores concursales. Si bien el anteproyecto establece que el procedimiento se aplicará "desde el mismo momento de entrada en vigor de la ley", también dispone que los artículos relativos a vistas virtuales y medios electrónicos solo entrarán en vigor "cuando se disponga de los medios técnicos".
En base a la opinión del CGPJ, no se debería poner en marcha este nuevo modelo sin que toda la estructura de medios tecnológicos sobre los que se asienta su aplicación práctica esté en correcto funcionamiento en todos sus aspectos. Asimismo, al situar bajo la responsabilidad del deudor la gestión de la situación de insolvencia y de la tramitación del concurso sin asistencia jurídica y con una intervención limitada del administrador concursal, se puede provocar una mayor carga de trabajo en los tribunales.
El CGPJ alerta de que "la escasa envergadura empresarial no siempre se traducirá en una mínima complejidad de los procedimientos", de modo que en algunos casos será necesaria la intervención de expertos para desarrollar debidamente el proceso.
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