Chile arrastra "un conjunto de deudas en estas materias que obstaculizan aún la búsqueda de más verdad, más justicia y más reparación para quienes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura", dice el informe anual del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), una entidad oficial pero autónoma.
Durante 2015, diversos hechos "han resaltado los desafíos pendientes en cuanto a la garantía del acceso a la justicia en relaciones con estas violaciones a los derechos humanos", agrega el reporte, entregado a representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en una ceremonia encabezada por la presidenta Michelle Bachelet.
El organismo instó a las autoridades a levantar el secreto que por 50 años pesa sobre los documentos, testimonios y antecedentes, aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, conocida como 'Comisión Valech', de 2003.
También urgió a quitar los privilegios que mantienen los exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad, como sus grados militares, el acceso a sus pensiones y sistema de salud.
El informe alertó asimismo sobre la necesidad de que los exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos reciban beneficios carcelarios sólo en el caso que "den muestras de arrepentimiento público y colaboren con la justicia".
En 25 años de democracia, 1.373 exagentes de la dictadura (1973-1990) han sido acusados y condenados por la justicia, por desapariciones, torturas y asesinatos, según un balance entregado el jueves por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
De ese total, 117 exmilitares condenados se encuentran cumpliendo penas de presidio, en su gran mayoría en la cárcel especial de Punta Peuco, en las afueras de Santiago y en condiciones mejores a la del resto de la población penal chilena.
De los condenados, 46 han muerto, cinco tienen beneficios penitenciarios y seis gozan de libertad condicional.
La dictadura de Pinochet, a través de organismos represivos como la Central Nacional de Inteligencia (CNI) o la temida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos y unos 38.000 torturados.
La justicia chilena aún mantiene abiertas más de mil causas en contra de exagentes de la dictadura.
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