Washington, 10 feb.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por considerar que el Gobierno no ha hecho suficiente por investigar las desapariciones y la ejecución de un magistrado en el caso de la toma del Palacio de Justicia en 1985.
La CIDH informó hoy que envió el caso No. 10.738 a la CorteIDH el pasado 9 de febrero, por considerar que el Estado no cumplió con las recomendaciones realizadas por el Comisión.
El caso hace referencia a la desaparición forzada de doce personas, a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, así como la detención y tortura de otras cuatro, después de que las Fuerzas Armadas recuperaran el control del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, que había sido tomado un día antes por el ya disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
La CIDH denunció la "falta de esclarecimiento judicial de los hechos" y señaló que el Estado "no ha tomado las medidas suficientes" para dar con el paradero de once de los doce desaparecidos.
"A 26 años de los hechos, el Estado únicamente ha sancionado a dos autores mediatos, algunos procesos no han tenido avances significativos y continúan en etapa preliminar, y otros han sido objeto de dilaciones procesales", lamentó la CIDH.
La CIDH encontró al Estado de Colombia responsable de la violación de los derechos a la libertad, la integridad personal, la vida y la personalidad jurídica de los desaparecidos y la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, ejecución y tortura.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por la protección y garantía de los Derechos Humanos en el continente.
En la mañana del 6 de noviembre de 1985, un grupo de 35 guerrilleros pertenecientes al M-19 tomó las instalaciones del Palacio de Justicia y tomó como rehenes a cerca de 350 personas entre magistrados, funcionarios públicos y civiles.
Existe información de que el Estado conocía de la existencia de las amenazas previas a los hechos contra los magistrados de la Corte, así como los factores de riesgo que pesaban sobre ellos.
Durante el operativo se informó de que todos los rehenes habían sido evacuados y sólo quedaban dentro los guerrilleros y que, por lo tanto, se iniciaría la "operación rastrillo".
Un rehén fue liberado por la guerrilla para informar a las Fuerzas Armadas de que todavía había rehenes en el interior del edificio.
Aun así, el Ejército entró al Palacio de Justicia, donde murieron un centenar de personas. Tras la recuperación del Palacio de Justicia, varias personas -que fueron reconocidas por sus familiares en imágenes de los medios de comunicación- fueron trasladadas con vida a otro lugar pero nunca fueron encontrados.
A finales de enero, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó una condena de 30 años de prisión contra Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército considerado responsable de al menos dos de una decena de desapariciones en este caso.
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