Madrid, 29 abr.- Cinco organizaciones han instado al Gobierno a que cumpla con las peticiones de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, quien ha exigido hoy a las autoridades españolas que garanticen el acceso universal a la salud.
Se trata de la Alianza española contra la pobreza, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge, que sostienen que la reforma sanitaria del Gobierno "se aleja del principio de universalidad en el acceso a la salud, en favor de un nuevo modelo sanitario de aseguramiento".
Sepúlveda ha expuesto este problema ante la respuesta del Gobierno a una carta de seis relatores de Naciones Unidas con preocupaciones por el impacto del decreto sobre los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
La relatora ha recordado que España tiene obligaciones en materia de salud, también con respecto a las personas migrantes independientemente de su situación jurídica, y ha insistido en que "los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales".
Por su parte, las organizaciones han aplaudido las preocupaciones y las exigencias de Naciones Unidas, y han rebatido la contestación que el Ejecutivo ha ofrecido ante la carta de los seis relatores.
En su respuesta, del pasado mes de enero, el Gobierno desestimaba las consecuencias negativas de su normativa y justificaba su adopción para hacer frente al déficit financiero del país.
Según el Ejecutivo, hasta la fecha se han ahorrado 4,9 millones de euros pero las organizaciones sociales critican que "no se menciona el origen de los datos ni la metodología de cálculo de este ahorro" y "tampoco se ofrecen datos del potencial coste económico que podría tener limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a determinados colectivos".
Recuerdan en su comunicado que el Estado debe garantizar la asistencia sanitaria para todas las personas inmigrantes, con independencia de su condición legal, como establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Con respecto al principio de equidad, el Gobierno argumenta que era "necesario racionalizar la asistencia sanitaria incorporando los criterios de equidad a favor de la población más castigada por la crisis económica".
Sin embargo, las plataformas sostienen que la reforma tiene el efecto opuesto, ya que no solo afecta directamente a grupos en situación de vulnerabilidad sino que además ha profundizado el acceso desigual a los servicios y medicamentos a nivel estatal de todos los ciudadanos.
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