Ciu propone que el umbral de financiación pública a partir del cual actúe la ley de transparencia sean 3.000 euros

El Grupo Parlamentario de CiU pide que queden exentas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno aquellas entidades privadas que no perciban más de 3.000 euros de financiación pública.
Así consta en una las más de 50 enmiendas al articulado de citado proyecto de ley, cuyo plazo de presentación finaliza hoy. Concretamente, CiU propone que se incluya en esta norma a “las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año una cantidad superior a 100.000 euros de financiación pública o aquellas que reciban una financiación pública superior al 40% de su presupuesto, siempre que la mencionada financiación alcance los 3.000 euros”.
Por lo que se refiere a temas competenciales, CiU pide que se suprima del apartado de infracciones en materia de gestión económica y presupuestaria “el incumplimiento deliberado de las obligaciones establecidas en los artículos 12.5 y 35 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Además, quiere que no se entienda que ha existido infracción “en aquellos supuestos en los que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente norma tenga su origen en el incumplimiento por parte de otra administración”.
CiU reitera su petición de que se suprima la posibilidad de que sea el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas quien pueda sancionar o inhabilitar a cargos públicos de comunidades autónomas o administraciones locales.
Para el Grupo Parlamentario Catalán, deben ser las comunidades autónomas o las entidades locales las competentes para aplicar sanciones.
En total se han presentado más de cincuenta enmiendas, entre ellas, la que solicita añadir en el artículo 7 de la ley la necesidad que la Administración estatal y los órganos constitucionales estatales deban publicar anualmente la relación de todos los bienes inmuebles que son de su propiedad y la utilización que realizan de los mismos.