Giovanna Ferullo
Panamá, 23 oct.- La ciudad panameña de Colón, que alberga la mayor Zona Libre del continente, siguió hoy paralizada y ya se habla de grandes pérdidas económicas, mientras el Gobierno aguarda a los dirigentes sindicales y empresariales para entablar un diálogo en busca de un solución al conflicto.
La Cámara de Comercio y el Frente Amplio de Colón iniciaron el lunes un paro de 48 horas prorrogables "hasta que sea derogada" la llamada Ley 72, aprobada el viernes pasado y que permite la venta de terrenos públicos en la Zona Libre.
Las calles de Colón, la puerta en el Atlántico del Canal de Panamá, lucían casi desiertas este martes, cuando el transporte de carga se sumó al paro y continuaban paralizadas las clases y cerradas las dependencias públicas en la ciudad.
Manifestantes y la Policía se enfrentaron nuevamente en una calle de la ciudad en el marco de las protestas iniciadas hace una semana contra la venta de los terrenos en la Zona Libre de Colón, que han dejado un menor de 10 años muerto de un disparo, civiles y agentes del orden público heridos y decenas de detenidos.
La ciudad ha sido escenario de manifestaciones de grupos de la sociedad civil, pero también de actos de vandalismo por parte de personas que se han enfrentado a tiros con las autoridades y que en los últimos días también han llevado a cabo saqueos de comercios.
El Ejecutivo panameño vio hoy frustrada su intención de establecer una mesa de diálogo en Colón, después de que los gremios de comerciantes y los sindicatos cumplieran su advertencia de que no se sentarían en ella hasta que no se derogue la Ley 72.
El secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, afirmó a Efe que el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli "se mantiene en su decisión de buscar vías de conversar" con los sectores opuestos a la privatización de la Zona Libre.
Camacho dijo que el Ejecutivo ha sostenido "conversaciones informales" con representantes de diversos sectores y aseguró que "hay grupos que están dispuestos a dialogar y otros que no".
"Si es necesario, estaremos todo el día (martes), si es necesario (que el diálogo sea) mañana será mañana. Este es un proceso que no se va terminar en un solo día", dijo asimismo el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
El alcalde de Colón, Dámaso García, dijo por su parte, sin precisar una cifra, que las "pérdidas económicas son incalculables" tras siete días de protestas y desórdenes en Colón, donde, alertó, han comenzado a escasear los alimentos.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón expresó en un comunicado que "no pidió la venta" de los terrenos que arriendan, aunque sí considera "necesario actualizar la legislación nacional sin afectar el patrimonio del Estado ni al pueblo Colonense".
"La Zona Libre de Colón es un pilar de la economía nacional cuyas empresas generan más de 30.000 empleos directos y aportan más de 100 millones de balboas (dólares) anuales a las arcas estatales", indicó la Asociación, que llamó al diálogo, la paz y la cordura.
Entre tanto, grupos organizados e indígenas en al menos tres regiones del país manifestaron en la calle su solidaridad con los coloneses y su repudio a la Ley 72, que calificaron de "inconsulta".
El Consejo Municipal de Panamá respaldó hoy las protestas en Colón, a donde la mayoría de los ediles se desplazarán mañana para expresar su repudio a la privatización de la Zona Libre.
Gremios como el de la educación y el transporte público evaluaban hoy la posibilidad de declarar una huelga en apoyo a los colonenses.
El conflicto en Colón se ha desarrollado mientras el presidente Martinelli, que firmó esa ley el pasado viernes, cumple sendas visitas oficiales a Japón y Vietnam con un marcado acento comercial.
Los sectores que se oponen a la privatización de la Zona Libre de Colón y que han pedido derogar la ley alegan la pérdida patrimonial del Estado y un supuesto clientelismo por parte del Ejecutivo.
El Gobierno dice que la ley permitirá a la región recabar jugosos fondos para su desarrollo y ha aclarado que ningún usuario de la Zona Libre está obligado a comprar el terreno que usa y que podrá mantener el arrendamiento actual, aunque con un canon más alto. EFE
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