Clinton pide la aprobación de una ley sobre protección consular

Washington, 27 jul.- La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, pidió hoy la aprobación de una iniciativa demócrata que, a su juicio, ayudaría a proteger los derechos consulares de estadounidenses detenidos en el exterior.

La medida "es crucial para preservar el cumplimiento de los compromisos legales internacionales, nuestra seguridad, y otros intereses bilaterales y multilaterales" dijo Clinton en una carta divulgada hoy por la oficina del senador demócrata Patrick Leahy.

"Quiero subrayar lo vital que es el proyecto de ley para que EE.UU. pueda proteger a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran bajo custodia de un Gobierno extranjero", agregó Clinton sobre la medida, elaborada por Leahy tras consultas con los departamentos de Estado y de Justicia.

El pasado 28 de junio, Leahy, quien preside el Comité Judicial del Senado, presentó la medida en respuesta a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre el cumplimiento de EE.UU. de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, un tratado vinculante que garantiza el acceso consular a cualquier ciudadano detenido en el exterior.

En ese sentido, Clinton recordó que si EE.UU. -que ratificó el tratado en 1969- "no cumple con sus obligaciones legales hacia los extranjeros bajo su custodia, se erosiona el tejido de este sistema de protección, y en última instancia son nuestros ciudadanos los que saldrán perjudicados".

Por ello, la promulgación de la medida permitirá conservar los "intereses vitales" de EE.UU. respecto a la protección de estadounidenses, el fortalecimiento de las relaciones exteriores y el cumplimiento de los tratados suscritos por este país, argumentó Clinton.

El proyecto de ley de Leahy sirve de especie de guía para que las autoridades locales, estatales y federales de EE.UU. puedan cumplir, de forma precisa y oportuna, con los reglamentos que rigen el acceso consular. También permite que, en algunos casos, ciertos extranjeros detenidos tengan la oportunidad de demostrar ante un tribunal que se violaron sus derechos consulares.

Durante una audiencia del Comité sobre la medida, Leahy recordó hoy que cada año, "miles de estadounidenses" son arrestados en el exterior y su bienestar muchas veces depende de su acceso a la ayuda que puedan brindarles los consulados.

"El tratado no es una ley 'extranjera'. Es una ley estadounidense en vigor desde hace más de 40 años; EE.UU. se sumó al tratado y lo convirtió en ley porque protege a nuestros ciudadanos", subrayó Leahy.

En 2010, los consulados de EE.UU. en todo el mundo realizaron más de 9.500 visitas y ofrecieron ayuda a más de 3.500 estadounidenses detenidos en el exterior, según datos oficiales.

El derecho al acceso consular acaparó titulares a principios de mes cuando el mexicano Humberto Leal, que no tuvo acceso a un consulado tras su arresto, fue ejecutado en Hunstville (Texas) el pasado 7 de julio.

El Tribunal Supremo de EE.UU. denegó la solicitud del Gobierno de Washington de suspender la ejecución de Leal mientras el Congreso estudiaba la ley de Leahy, por un estrecho margen de 5-4.

En la actualidad, más de un centenar de extranjeros de más de 30 países se encuentran en el "corredor de la muerte" en Estados Unidos.

El Gobierno de México, que condenó en su momento la ejecución de Leal, dijo hoy a través de su embajada en Washington que elogia los esfuerzos de Leahy para impulsar la iniciativa y "el papel desempeñado" del Gobierno en su "continua labor de concientización sobre la importancia fundamental de que EE.UU. cumpla con sus obligaciones" con el derecho internacional.

México continuará presionando para que EE.UU. revise y evalúe las condenas y sentencias de muertes de mexicanos en su territorio -incluidos en el fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2004-, "así como a que garantice el derecho a la notificación consular que asiste y debe asistir a todos los nacionales mexicanos en el exterior", dijo en un comunicado.

La medida de Leahy cuenta con el respaldo del Gobierno de Barack Obama, de jueces, diplomáticos y militares estadounidenses jubilados, y diversos grupos cívicos.