Guatemala, 15 nov.- El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, firmó hoy la autorización para que el exmandatario del país Alfonso Portillo sea extraditado a los Estados Unidos con el objetivo de ser procesado por delitos de lavado de dinero durante su Administración.
Colom anunció en una conferencia de prensa que ha decidido "respetar el proceso judicial" seguido en contra de Portillo por lo que no resta más sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe de vuelta el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CJS) para que el exgobernante sea extraditado a los Estados Unidos.
La extradición de Portillo, quien gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, fue autorizada inicialmente a principios de este año por un Tribunal de Sentencia Penal, decisión que fue ratificada por la CSJ y la Corte de Constitucionalidad (CC), instancias a las que acudieron sus abogados para evitar su envío a los Estados Unidos.
La extradición de Portillo fue promovida por la Fiscalía de Nueva York, que reclama al exmandatario por supuestamente haber utilizado el sistema bancario estadounidense para lavar más de 70 millones de dólares que habrían sido desfalcados de las arcas del Estado guatemalteco.
La Justicia de Francia también tiene abierta una investigación en contra de Portillo, a quien acusan de que, al igual que en los Estados Unidos, utilizó el sistema financiero y bancario galo para lavar fuertes sumas de dinero del erario público de Guatemala.
Según la legislación de esta nación centroamericana, una vez que los tribunales autoricen una extradición para que un guatemalteco sea juzgado en otro país y se agoten todas las instancias legales, la última palabra la tendrá el presidente de turno.
Ello implica que ahora que Colom autorizó la extradición, Portillo ya no tiene ninguna posibilidad de impedir su traslado a los Estados Unidos lo cual, según fuentes judiciales, podría producirse antes de que concluya este año.
El Gobierno de Portillo, quien llegó al poder con el apoyo del derechista partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), es considerado por analistas locales como uno de los "más corruptos" de la historia reciente del país, ya que se calcula que durante ese período fueron desfalcados más de 500 millones de dólares del erario nacional.
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