Lima, 14 may.- Un tribunal de la provincia amazónica peruana de Bagua inició hoy el juicio oral por las violentas protestas que en junio de 2009 dejaron 33 muertos y un desaparecido y rechazó una solicitud para que se pida el testimonio de las autoridades de la época, entre ellas el expresidente Alan García.
El proceso está a cargo de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Bagua, integrada por los jueces Gonzalo Zabarburu, José Romero y Juan Romero Rodríguez, que dedicó la primera audiencia a determinar la situación jurídica de los procesados, ya que varios son considerados "reos ausentes y contumaces".
El representante de la Defensoría del Pueblo en la región de Amazonas, Segundo Guevara Aranda, declaró a Efe que el caso más notorio fue el de Merino Trigoso Pinedo, para quien su defensa pidió la variación del mandato de detención por el de comparecencia.
"En los aspectos procesales y previos al inicio de juicio los asesores legales han ofrecido nuevos testigos, pericias y la sala ha estimado declarar pertinentes algunas testimoniales, como por ejemplo de los policías que estaban en el comando operativo", dijo.
El tribunal desestimó, por otra parte, el pedido de la defensa para que se convoque a autoridades políticas de la época, como García y algunos ministros de su gestión.
"Los jueces estiman lo que el derecho ordena, la pertinencia de las diligencias que se solicitan, en este caso, a su criterio, no consideran que esos testimonios ayudarían al desarrollo del proceso", precisó el representante de la Defensoría.
El tribunal abrió el proceso a un total de 53 personas, entre ellas a 23 indígenas, por los sucesos del 5 de junio de 2009 en la llamada "Curva del diablo", como se conoce a una zona por donde se accede a Bagua, donde murieron 12 policías, 5 civiles y desapareció el mayor de la Policía Felipe Bazán.
Los otros fallecidos, en su mayoría policías, murieron durante la toma de un lote petrolero en el interior de la provincia.
La intervención policial también dejó unos 200 heridos, 83 de ellos de bala, en las localidades de Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigió la represión de la protesta indígena, que se originó en rechazo a unas leyes impulsadas por el Gobierno de García para facilitar el ingreso de la industria extractiva en sus territorios.
En la audiencia de hoy estuvieron presentes dirigentes indígenas como Alberto Pizango, Santiago Manuin y Feliciano Cahuaza, quien es el único que permanece detenido desde los sucesos de 2009.
Los procesados afrontan acusaciones de homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, rebelión, sedición y motín, acción contra la tranquilidad pública, arrebato de armamento o municiones de uso oficial.
La Fiscalía Superior Mixta de Bagua ha solicitado que se impongan penas que van desde los 6 años de cárcel hasta la cadena perpetua para los considerados líderes de las protestas, entre ellos Pizango, quien tras los sucesos se asiló en Nicaragua hasta mayo de 2010, mientras la Justicia peruana lo requería por los cargos de sedición, conspiración y rebelión.
El pasado viernes, Pizango, quien no está detenido, lamentó en una rueda de prensa los sucesos de 2009, pero también pidió que se absuelva a los procesados y se detenga la criminalización de las protestas de los indígenas.
El padre del mayor desaparecido, también llamado Felipe Bazán, declaró al Canal N de televisión que los responsables políticos de los violentos sucesos fueron el expresidente García y su entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
Cabanillas negó en el mismo canal de televisión que ella diera la orden para que se iniciara la operación policial y aseguró que esta provino del entonces director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán.
El tribunal informó que a partir de la próxima audiencia, que se celebrará en una fecha aún no precisada, la sala contará con dos traductores a los idiomas Awajún y Wampis.
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