Sao Paulo, 9 nov.- Representantes de la llamada Comisión de la Verdad de Brasil, el grupo de juristas y expertos que investiga las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura consideraron hoy que la Ley de Amnistía vigente en el país no obstaculiza su misión de esclarecer la verdad.
"La Ley de Amnistía ni nos ayuda ni nos obstaculiza", dijo el miembro de la comisión Paulo Sergio Pinheiro, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Sao Paulo.
Pinheiro precisó que la citada norma, aprobada en 1979 y que impide llevar ante la justicia a los acusados de crímenes durante la última dictadura militar (1964-1985), no supone una traba al mandato de la comisión que es investigar y esclarecer las violaciones de derechos.
El experto, quien también preside la comisión independiente auspiciada por la ONU para investigar crímenes de guerra en Siria, explicó que la Comisión de la Verdad brasileña no tiene atribuciones de tribunal o fiscalía por tanto no está sometida a los rigores de los procesos judiciales.
Más allá fue el ex ministro José Carlos Dias, abogado criminalista que ha defendido a presos políticos y también integrante de la Comisión, quien consideró que la ley tiene una consecuencia positiva porque otorga "más tranquilidad, más certeza y más expectativa" de poder investigar con éxito "porque las personas pueden hablar y no serán penalizadas".
"El gran desafío que tenemos es con la verdad", dijo Dias, quien explicó que la Comisión, establecida en mayo pasado por la presidenta Dilma Rousseff, quien fue víctima de torturas, tiene un compromiso con el Estado, con la historia y con la humanidad.
La comisión tiene un grupo de trabajo que investiga el "Plan Cóndor", plan de cooperación para la represión política pactado entre los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Pinheiro explicó que el plan Cóndor fue una parte de "una red mucho más amplia" llevada a cabo por parte del régimen de la dictadura para el seguimiento de los exiliados.
Para el experto, el Ministerio de Exteriores de la dictadura disponía de una red de información "bastante sofisticada" que abarcaba las ciudades en las que se encontraban los exiliados.
"Creemos que la red era mucho más amplia que la Operación Cóndor", precisó Pinheiro, quien dijo que los mecanismos de seguimiento del régimen comenzaron antes de ese plan internacional y continuaron tras él.
Además, explicó que el número oficial de desaparecidos computado en Brasil es de 400, pero que hay unos 200 más que no están acogidos en esos registros y son investigados por la Comisión.
Para Pinheiro la comisión es un órgano de Estado que ha estado "magníficamente apoyada por el Gobierno", un hecho que consideró natural ya que sería un "poco vergonzoso" que Brasil solicitara a organismos internacionales como la ONU el mantenimiento del grupo.
Además, negó haber recibido resistencia por parte de militares en activo y dijo que tras la instalación de la Comisión los mandos castrenses han permanecido en silencio.
Según dijo, la Comisión tiene a su disposición archivos del Ministerio de Exteriores y de varios DOPS (Departamentos de Orden Política y Social), los órganos de represión a políticos y sindicalistas opositores a la dictadura.
Sobre la supuesta quema de algunos archivos que ya no estarían disponibles, Dias aseguró que se investigará y determinarán responsabilidades en el caso de que sea cierta la destrucción de esos documentos.
La Comisión, que revelará el resultado de sus investigaciones en mayo de 2014, también lleva a cabo trabajos de investigación sobre la trama empresarial que ofrecía financiación y el papel de la Iglesia durante la dictadura.
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