Guatemala, 6 ene.- El Gobierno de Guatemala conformará un comité para evaluar la continuidad en el país centroamericano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente de la ONU cuyo mandato vence en septiembre de este año, informó hoy una fuente oficial.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró en declaraciones reproducidas por la agencia estatal de noticias que el comité estará conformado por diversos sectores del Gobierno y la sociedad civil, convocados a partir de la próxima semana.
La Cicig fue establecida en Guatemala en 2007 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de investigar y desmantelar a los grupos clandestinos de seguridad que habían penetrado las estructuras del Estado.
El mandato de la entidad internacional, cuyo comisionado es el abogado colombiano Iván Velásquez Gómez, se vence en septiembre de este mes.
La evaluación de la Cicig se prolongará alrededor de tres meses, de acuerdo con el mandatario guatemalteco.
"Lo que queremos hacer es un análisis serio y responsable para determinar si la Cicig debe o no continuar en nuestro país, pues lo que siempre buscamos es mejorar las instituciones y nuestros sistemas", aclaró Pérez Molina.
En Guatemala, uno de los cinco países más violentos del mundo y donde 7 de cada 10 delitos quedan impunes, las instituciones del Estado son débiles e impera la corrupción en muchos casos, según la opinión de expertos sobre el tema.
A la Cicig se le atribuye, entre otros casos, el esclarecimiento del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, perpetrado en mayo de 2009.
Rosenberg, un prominente abogado conservador, dejó un vídeo póstumo en el que acusaba de su muerte al presidente en aquel momento, Álvaro Colom, su esposa Sandra Torres y altos funcionarios de su Gobierno, empresarios y banqueros.
El crimen "no hubiera podido ser resuelto sin la Cicig" y "hubiera golpeado más al país de lo que hizo", aseguró Colom en 2010, durante el tercer aniversario de la entidad en Guatemala.
El caso, que fue investigado y aclarado por la Cicig, generó una crisis política nunca antes vista en el país, y puso en vilo la administración de Colom.
Nueve meses después del crimen, la Cicig estableció que Rosenberg planeó su propia muerte con ayuda de dos íntimos amigos suyos y exculpó al presidente y los demás señalados en el vídeo de cualquier participación en el mismo.
El jurista español Carlos Castresana, primer comisionado de la Cicig, estuvo a cargo del caso.
El abogado europeo dejó el cargo en julio de 2010 y su reemplazo fue el costarricense Francisco Dall'anese, quien a su vez fue relevado en 2013 por Velásquez Gómez.
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