Completar una transición que parece eterna enmarca otra vez elección en Chile

Nelson Sandoval Díaz

Santiago de Chile, 12 nov.- Augusto Pinochet perdió el poder en 1988, dejó el mando del Ejército en 1998, renunció a ser senador vitalicio en 2002 y murió en 2006, pero hoy, cuando los chilenos despiertan, comprueban, como en el cuento de Monterroso, que el dinosaurio aún está ahí.

Es la Constitución que Pinochet impuso en 1980 y que a pesar de siete intentos de gobiernos posteriores a la dictadura (1973-1990) por cambiarla, permanece en el mapa institucional y ha convertido en eterna la transición chilena hacia la democracia plena.

En 2005, el entonces presidente, Ricardo Lagos, socialista, sentenció que la transición había terminado, tras lograr, mediante acuerdos con los herederos políticos de Pinochet, eliminar de la Carta Magna importantes "enclaves autoritarios".

Entre ellos estaba el papel "exclusivo" de las Fuerzas Armadas de ser "garantes del Estado de Derecho y la Democracia", como decía la Carta Magna enmendada, términos que permitían interpretar que daban cobertura legal a un eventual golpe de Estado.

También se eliminó la inamovilidad de los jefes militares, que no podían ser destituidos antes de completar su período, y se suprimieron los senadores designados y vitalicios.

Además, se modificó el Tribunal Constitucional, diseñado para preservar intacta la estructura institucional de la dictadura.

El tiempo ha demostrado que los cambios fueron insuficientes, como hace unas semanas admitió el propio Lagos: "Ha llegado la hora" de elaborar una nueva Constitución, dijo el exmandatario (2000-2006) en septiembre, cuando se conmemoraban 40 años del golpe de Estado.

"Una buena forma de tender una mirada hacia adelante es que nos sentemos con una hoja en blanco y empecemos a redactar una nueva Constitución", afirmó.

Lo mismo piensan varios candidatos que se presentan a las elecciones y que abominan del binominal, un sistema electoral que cierra el paso a las mayorías parlamentarias y que exige un alto quórum para aprobar las leyes más importantes, como las propias reformas constitucionales.

Aunque ocho de los nueve aspirantes coinciden en que se necesita una nueva Constitución o cambios muy profundos, discrepan en cuanto a utilizar el marco institucional o acudir a una Asamblea Constituyente para que proceda de los ciudadanos el mandato directo de elaborar el nuevo texto.

Como consecuencia casi natural de las demandas sociales que desde hace casi tres años agitan a la sociedad chilena, surgieron últimamente grupos cuya única demanda es la Asamblea Constituyente.

Pero el oficialismo rechaza esta idea, vista también con recelo por algunos sectores que apoyan a la opositora y expresidenta Michelle Bachelet, favorita en las encuestas y partidaria de una nueva Constitución.

Los defensores de la Asamblea han pedido a los votantes que escriban "AC" en las papeletas, tras lograr que el Servicio Electoral no las anule siempre que esa marca no cree confusión sobre la preferencia del elector, si bien podrían ser objetadas por los apoderados de partidos.

Con la queja de que Chile es el único país occidental con una Carta Magna impuesta por una dictadura, los promotores de la Constituyente, entre los que figura el exjuez Juan Guzmán, demandan que los chilenos decidan en plebiscito si la desean o no.

"Debe darse este paso del plebiscito y la Asamblea Constituyente como hito definitivo que implique retornar plenamente a la democracia", dijo recientemente en un mitin Guzmán, que fue el juez que 1999 procesó a Pinochet.

Esa nueva Constitución, según sus impulsores, debe establecer la propiedad estatal del cobre (principal producto del país y de exportación) y del agua, establecer la educación como un derecho, y reconocer a los pueblos indígenas en el marco de un Estado "que garantice la distribución equitativa de la riqueza y proteja la biodiversidad".

La AC es defendida por los candidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami, Marcel Claude y Roxana Miranda, de centroizquierda o izquierda, el ecologista Alfredo Sfeir y el populista de derecha Franco Parisi.

Por su lado, el independiente Tomás Jocelyn-Holt apunta a reformas "dentro de la legalidad" que traigan "más democracia", mientras el regionalista Ricardo Israel también defiende la "vía institucional" en busca de más autonomía para las regiones.

Bachelet ha situado como uno de los ejes de su programa una nueva Constitución, que "reconozca y garantice" los derechos de los chilenos, pero prefiere hacerlo por una vía distinta a la Asamblea Constituyente.

Y su rival oficialista, Evelyn Matthei, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que sustentó ideológicamente a la dictadura, se opone a cualquier reforma porque a su juicio a los ciudadanos no les importa el tema.

Para Matthei, una nueva Constitución requiere años de discusión en los que los políticos estarán más preocupados de cómo alcanzan mayores cuotas de poder en lugar de crear empleo y mejorar los salarios, la salud y la educación.

Según las encuestas, las reformas constitucionales tienen un amplio apoyo en la población, con un 45 % a favor de la Constituyente en el último sondeo del Centro de Estudios Públicos, mientras que otro, de la Universidad Diego Portales, da a una nueva Carta Magna una nota de 5,5 en una escala de uno a siete.