Compromís pide en el Congreso desmantelar Castor y evitar las indemnizaciones

Valencia, 1 jul.- El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una proposición no de ley para pedir que sea de interés general la paralización y el desmontaje del proyecto Castor, con la finalidad de evitar que la administración pague más de 1.700 millones de euros de las arcas públicas.

En un comunicado, Baldoví ha explicado que "la declaración de interés general es necesaria, pues resulta evidente que la decisión de paralizar un proyecto que está provocando seísmos, poniendo en peligro la vida de la gente, la estabilidad del terreno, además del impacto en el medio ambiente que genera, redunda en interés de todos".

"Es de interés general que se paralice este proyecto de alto impacto y riesgo para la zona, es de interés general que se desmantelen las instalaciones para que se ponga fin de manera definitiva a un proyecto hostil para la zona, para los vecinos, para el medio ambiente y para la seguridad de todos", ha añadido.

Asimismo, también considera "de interés general" que "se depuren responsabilidades con aquellos que aprueban proyectos contrarios al interés general en beneficio de empresas privadas ajenas al interés público".

Según consta en la proposición no de ley de Compromís, "el proyecto de almacenamiento de gas Castor, frente a la costa de Vinaròs (Castellón), se tramitó en su día con la connivencia del gobierno central y el propio Ayuntamiento de Vinaròs, que justificaron la decisión alegando que generaría puestos de trabajo en la comarca. La realidad no ha sido esa".

También, la iniciativa de Baldoví recuerda que en la preceptiva tramitación para autorizar el proyecto "no se preveían accidentes graves, se omitió el informe de seguridad, no había planes de emergencia interior, ni estudios sobre afecciones económicas en el turismo y la pesca, ni trabajos de impacto arqueológico en las conducciones terrestres, ni un estudio serio sobre las potenciales repercusiones en el subsuelo".

Este diputado considera que esos seísmos "son los que han provocado la paralización de la actividad en la inyección de gas en el depósito desde septiembre de 2013, y en los informes encomendados con posterioridad, tanto el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado una relación directa entra la inyección de gas en el almacén submarino con los terremotos".

A su juicio, las cláusulas "abusivas" del contrato "podrían obligar a indemnizar a la empresa con el coste neto de la inversión, que en este caso sería de unos 1.700 millones de euros, salvo que la administración central pueda justificar causas de interés general".

"La mención a la existencia de firma del contrato que incluye cláusulas abusivas se debe a que éste prevé indemnizaciones incluso si la concesionaria abandona el proyecto por una actuación negligente propia (que podría ser este caso), al no haber previsto los seísmos", añade.