Comunidad garífuna de Honduras pide a la CorteIDH restitución de sus tierras

San José, 20 may.- La Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz pidió ante hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que le "restituya" las tierras que supuestamente ha vendido ilegalmente el Estado hondureño.

"Queremos que se nos restituyan nuestras tierras. Queremos vivir y que se respeten nuestros derechos. Para nosotros nuestra tierra es nuestra madre, donde vivimos y de donde obtenemos lo que necesitamos para nuestro sustento", expresó en su declaración Ángel Castro, de 72 años, quien vive en la comunidad garífuna y es supuesta víctima en este caso

Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte, con sede en San José, los pobladores de Triunfo de la Cruz no poseen un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado sobre su territorio.

La comunidad garífuna asegura que gran parte de sus tierras han sido vendidas de manera "ilegal", y que ahora están en manos de terceras personas quienes han deforestado e invertido en proyectos turísticos, ganadería y agricultura.

"Son tierras apetecidas e invadidas por terceras personas, incluso áreas que se han declarado protegidas. El Gobierno ha sido parte de este conflicto porque ellos mismo han avalado la venta de tierras de manera ilegal", apuntó Castro.

El representante de las supuesta víctimas, Christian Callejas, dijo a Efe que piden a la Corte la restitución integral del territorio, aunque eso signifique la destrucción de obras que existen actualmente como hoteles y proyectos turísticos.

Los garífunas abogan por una reforma legal de "alto nivel constitucional", que reconozca la "multinacionalidad sociológica" de los pueblos, comentó Callejas.

"Entendemos que van a ser puntos de difícil cumplimiento sobre todo por la mala fe con la que ha actuado políticamente el Estado. Aquí en la Corte ellos (Gobierno) han intentado restablecer una posición de racismo revertido, como si fueran los garífunas quienes discriminan al resto de la población de Honduras", señaló Callejas.

Según las supuestas víctimas, la incursión de personas ajenas al territorio ha hecho que la comunidad no tenga acceso a esas tierras y, como consecuencia, se han dado amenazas a dirigentes de la comunidad, difamaciones y hasta muertes.

El Estado de Honduras alega que no existe violación al derecho de propiedad porque acreditó tierras a los garífunas, además de que sí existe un acceso a las garantías y protección judicial para los integrantes de la comunidad.

"Siempre ha habido preocupación por defender las demandas de los pueblos indígenas y se les entregó las áreas que ocupaban. El Estado no pretende perjudicarlos, simplemente pretende dar a conocer la verdad, pero la verdad legal, no las historias que se cuentan", indicó durante los alegatos finales el procurador general de la República de Honduras, Jorge Abilio.

El representante del Estado hondureño aseguró que la comunidad garífuna goza de todos los servicios de electricidad, carreteras, agua, entre otros, y se enseña su lengua en los centros educativos por lo que "no existe discriminación alguna".

Abilio pidió a la CorteIDH hacer una inspección en el sitio para que constaten las áreas protegidas decretadas, y cómo cohabitan los hondureños con los garífunas.

Concluida la audiencia pública de este martes, las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito, y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.

Esta audiencia se enmarca dentro de un periodo ordinario de sesiones de la CorteIDH en el que esta y la próxima semana realizará audiencias públicas por casos contra Perú, Argentina y Venezuela.

La CorteIDH es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.