Madrid, 7 jun.- El Supremo ha condenado a 3 años y seis meses de cárcel al subdirector de una sucursal de Caixabank en Mahadahonda (Madrid) que se apropió de un total de 214.450? que su suegra tenía depositados en dicha entidad mediante sucesivas operaciones de transferencia a su cuenta de cantidades diversas.
Además de la pena de cárcel, el directivo fue condenado a indemnizar a su víctima con 214.450 ? más intereses, mientras que la entidad bancaria fue declarada responsable civil subsidiaria.
Ambos recurrieron ante el Supremo, uno para evitar la prisión y la entidad bancaria para no hacerse cargo del pago, pero el alto tribunal rechaza sus peticiones.
En mayo de 2005 el directivo, Carlos del P.G., dio de baja a su suegra y a su mujer del servicio de comunicación por correo ordinario de los saldos y movimientos de las cuentas y, a partir de ese día, fue trasladando cantidades de miles de euros a su nombre.
"Para que la operación no se detectara, el acusado manipuló el sistema informático, para que el traspaso no apareciera en la libreta cuando se imprimieran los movimientos en la misma, lo que en efecto consiguió", pues en referencia a las fechas en las que se produjeron sus traspasos, en la libreta aparecía la frase "detalles de las operaciones anteriores disponible en su oficina".
En otra ocasión, el condenado retiró de la cuenta de su suegra, imitando su firma, 32.350?. Como en aquel momento la libreta de la mujer no contaba con suficientes fondos, el día anterior vendió las participaciones que su suegra tenía en un fondo de inversión, operación que repitió en otras ocasiones.
Los manejos del yerno fueron finalmente descubiertos por la víctima y la Audiencia de Madrid le condenó por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad, con la atenuante de parentesco, a tres años y medio de cárcel, además de a la correspondiente inhabilitación para ejercer su profesión y la obligación de indemnizar a la víctima con 214.450?.
La sentencia declaró la responsabilidad civil subsidiaria sobre la indemnización para La Caixa, entidad que debía hacer frente a este pago si fuera insolvente el condenado. Contra esta resolución recurrieron tanto el penado como la entidad bancaria, que pretendía no hacerse cargo de la indemnización.
El Supremo considera bien fundada la sentencia en cuanto a los hechos por los que resulta condenado el reo. A la entidad bancaria le responde que la ley le impone la obligación de responder civilmente "por los delitos y faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios".
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