El Juzgado Decimosegundo de Circuito Penal de Panamá "condena a 64 meses de prisión al exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, por la comisión del delito de posesión ilícita de arma de fuego", expresó el Órgano Judicial en un comunicado.
La decisión del juez Oscar Carrasquilla se fundamentó en que "en ningún momento se presentó documentación que demostrara la tenencia legal de las armas encontradas en su residencia y vehículo".
De acuerdo a la sentencia, el exfuncionario policial "entendía la ilegalidad de las armas que poseía", por lo que puede calificarse de "mala justificación" sus descargos, cuando se refirió que eran un regalo y desconocía si poseían documentación.
El tribunal ordenó también el decomiso de las armas de fuego y ordenó investigar un posible delito contra la administración pública, pues una de las armas pertenecían a la Policía Nacional, dice la sentencia.
La condena de Pérez es la primera que recibe un alto funcionario del gobierno de Martinelli, quien desde enero se encuentra fuera de Panamá y es investigado por la Corte Suprema de Justicia por varios escándalos de corrupción.
Pérez debe enfrentar también un juicio el próximo año por cargos de espionaje a opositores de Martinelli.
Según las acusaciones, Pérez y el exsecretario del Consejo de Seguridad del Estado, Alejandro Garuz, habrían interceptado las comunicaciones de empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos críticos de Martinelli, acusado también en este caso.
El 10 de octubre, la fiscalía acusó a Martinelli de espiar a opositores y solicitó a la policía panameña emitir una alerta de Interpol para dar con su paradero.
También es investigado por la supuesta sobrefacturación en un contrato por 45 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para escuelas públicas y por posibles delitos financieros a través de cuatro cuentas que manejaba una casa de valores presuntamente vinculada al exgobernante.
Varios ministros de Martinelli están en prisión preventiva o enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, mientras que otros afrontan medidas cautelares.
Martinelli ha dicho que todo se trata de una "persecución política" del actual gobierno de Juan Carlos Varela.
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