San Salvador, 15 jun.- El conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial de El Salvador por la anulación de la elección de 20 magistrados amenaza con desintegrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al tiempo que el Parlamento se apresta a llevar el asunto ante un tribunal regional.
Si el 1 de julio próximo no asumen 10 de los 20 magistrados cuya elección anuló el pasado día 5 la Sala de lo Constitucional del Supremo, "la desintegración prácticamente quedaría consumada", advirtió hoy a Efe el presidente de la Asamblea Legislativa, el oficialista Sigfrido Reyes.
Pese a los visos de agravamiento del conflicto, la opción de un acuerdo político interno sigue abierta, a juicio de diputados del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
"La Corte ya se está desintegrando, lamentablemente. La Corte está sufriendo un proceso muy lamentable de parálisis y de desintegración a partir de estas sentencias que ya afectan a una cantidad importante de magistrados", enfatizó Reyes, del FMLN.
El presidente del Legislativo aseveró que esta "es una situación extraordinariamente grave para el país", y que "la responsabilidad entera recae en los magistrados de la Sala Constitucional".
El Parlamento aprobó anoche, por iniciativa del FMLN y con el rechazo de ARENA, no acatar la declaración de inconstitucionalidad y llevar el conflicto a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua e integrada por seis magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Durante los debates, varios diputados también advirtieron que el conflicto podría agravarse si el 1 de julio no asumen los 10 magistrados del período 2012-2021 elegidos por la Asamblea el 24 de abril pasado, entre ellos el nuevo presidente de Supremo, Ovidio Bonilla.
Es un riesgo "prolongar el conflicto sabiendo que el 30 de junio termina el plazo" para resolverlo, señaló Douglas Avilés, del minoritario Cambio Democrático, quien apoyó a ARENA.
Rodolfo Parker, del Partido de la Esperanza, aunque votó a favor de acudir a la corte regional, apuntó que si no asumen los nuevos magistrados, "el 1 de julio quedará acéfala" la Corte Suprema.
Un portavoz del máximo tribunal de El Salvador dijo a Efe que ese órgano no emitirá ninguna posición oficial sobre la decisión del Parlamento de llevar el conflicto a la Corte regional, pues "no tiene por qué pronunciarse sobre eso".
La Sala de lo Constitucional también anuló la elección de 10 magistrados y suplentes hecha por los diputados en 2006 con mandato hasta 2015, pero no invalidó sus actuaciones.
La Constitución salvadoreña establece que cada tres años debe renovarse un tercio de la Corte Suprema de Justicia, integrada por 15 magistrados titulares y sus suplentes, que cumplen así períodos escalonados de nueve años, pero no fija en cuál legislatura debe ser la elección.
Para anular las elecciones de los magistrados, la Sala de lo Constitucional argumentó que una misma legislatura no puede elegir jueces en dos ocasiones, y ordenó que el Parlamento los elija de nuevo, lo que la Asamblea rechaza al desconocer el fallo judicial.
El jefe de la bancada de ARENA, Donato Vaquerano, insistió en que la Asamblea acate las sentencias y aseguró que su partido está abierto al diálogo para superar el conflicto sin necesidad de acudir a la Corte Centroamericana.
"Aquí nos podemos poner de acuerdo (...), estamos dispuestos a discutir el tema", afirmó Vaquerano.
El portavoz y diputado del FMLN, Roberto Lorenzana, defendió la decisión de acudir a la Corte Centroamericana pero también aseguró que ese colectivo está dispuesto "a hacer un esfuerzo, con todas las fuerzas políticas", para buscar "la solución" del conflicto.
Si "hay un consenso de buscar un arreglo político" será necesario "que trabajemos lo más urgentemente posible", añadió.
El presidente del Legislativo, por su parte, manifestó que ya se está preparando la documentación para presentar la demanda ante la Corte regional en un "plazo razonable", que no adelantó.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, declaró a periodistas que, según la legislación local y regional, la Asamblea Legislativa puede acudir directamente a la CCJ o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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