Congreso reactiva las comparecencias de expertos por la Ley de Transparencia

Madrid, 14 mar.- La Mesa de la Comisión Constitucional del Congreso ha acordado hoy una nueva tanda de comparecencias de expertos de cara a la futura a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, en tramitación desde el pasado mes de septiembre y que acumula veinte prórrogas del plazo de enmiendas.

Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, el Congreso ha convocado para el próximo miércoles a cinco nuevos expertos después de las anteriores comparecencias celebradas en enero y febrero tras varios meses de parón en su tramitación parlamentaria.

La próxima semana darán su opinión Rosana de Andrés, presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP); Joan Navarro, miembro del Foro por la Transparencia; David Cabo, de la Fundación Civio; Elisa de la Nuez, de la Coalición Pro Acceso; y Antonio Ruiz Salgado, de la Red de Abogados de Derecho Ambiental (RADA).

Entre los comparecientes de anteriores sesiones destacan el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez; el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda; y la presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo.

El proyecto de ley de transparencia establece un amplio catálogo de principios éticos y más de una treintena de infracciones, con sus correspondientes sanciones, de aplicación a los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración y el sector público estatal.

Además el texto prevé sanciones como la destitución, la no percepción de la pensión indemnizatoria y la inhabilitación para los altos cargos que utilicen su puesto para obtener beneficio indebido para sí o para otro.

De forma paralela pero íntimamente conectada con la ley de transparencia, el Gobierno ha formado un grupo de trabajo, presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para poner en marcha "a la mayor brevedad posible" la ley de control económico-financiero de los partidos y las leyes orgánicas reguladoras del ejercicio de las funciones públicas.