Madrid, 21 feb.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el Consejo de Estado ha dado su aval a que los condenados por delitos especialmente graves, como el de terrorismo, no puedan ser cargo público mientras no se cancelen sus antecedentes penales.
Se trata de una de las medidas incluidas en el proyecto de ley reguladora de las funciones del cargo público, que el Gobierno ha aprobado hoy para su remisión a las Cortes, tras haber recibido el informe favorable del Consejo de Estado.
En concreto, el máximo órgano asesor del Ejecutivo ha considerado que la honorabilidad exigible a los cargos públicos va "más allá" del ámbito o del componente profesional, y que es una exigencia más amplia que debe considerase un requisito para quienes ejerzan funciones públicas.
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