"Se admitieron dos causas contra un diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen)", dice la Corte en un comunicado donde no menciona a Martinelli por cuestiones legales del proceso.
Sin embargo, una fuente de la Corte confirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que se trata de dos nuevos expedientes contra Martinelli, actual diputado del Parlacen.
El primer caso, a cargo del magistrado Hernán De León, está relacionado con investigaciones por la posible comisión de delitos financieros a través de cuatro cuentas que manejaba la casa de valores Financial Pacific (FP), presuntamente vinculada al exgobernante.
El exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá Ignacio Fábrega acusó ante la justicia a Martinelli de pedirle información confidencial sobre FP, en la que el expresidente tendría una cuenta secreta para el uso de información privilegiada para hacer negocios.
Martinelli siempre negó tener esa cuenta para cometer actos fraudulentos y manipular acciones, aunque reconoció ser cliente de esa casa de valores.
El segundo nuevo caso, cuyo ponente es el juez Abel Zamorano, guarda relación con el exdirector nacional de Ingresos, Luis Cucalón, por la presunta comisión del delito "contra la administración pública" en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas, según la Corte.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción investiga el presunto pago de comisiones tras la recaudación de impuestos morosos por la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., cuyo dueño, Cristóbal Salerno, habría declarado que le dio dinero en efectivo a Martinelli como pago de comisiones por el cobro de esos impuestos.
Con estos dos, ascienden a seis los casos admitidos por la Corte Suprema contra Martinelli, aunque sólo en dos se adelantan por el momento investigaciones contra el exmandatario.
Martinelli, quien lleva desde enero fuera de Panamá y que manifiesta que todo se trata de "una persecución política" del actual gobierno de Juan Carlos Varela, es investigado por la Corte por la supuesta sobrefacturación en un contrato por 45 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para escuelas del país.
También se le investiga por espiar a opositores. El exdirector de la Policía Gustavo Pérez y el ex secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz, así como otros dos exfuncionarios prófugos, están llamados a juicio por interceptar las comunicaciones de unas 150 personas opositoras al gobierno de Martinelli (2009-2014).
Los otros dos expedientes donde se menciona a Martinelli guardan relación con la compra de granos con sobreprecios y con varios indultos otorgados bajo su administración, de la que cuatro ministros están presos por enriquecimiento ilícito y corrupción y otros están sometidos a medidas cautelares.
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