Corte Penal de Unasur: un rompecabezas para combatir el crimen trasnacional

Jesús Sanchis Moscardó

Quito, 22 nov.- Ecuador ha intensificado esta semana su búsqueda de apoyos para la creación de una Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un verdadero rompecabezas jurídico que exigirá ingentes esfuerzos técnicos y notables concesiones políticas para su puesta en marcha.

El país andino ha trabajado durante dos años en este proyecto con los fiscales de la región, pero también ha buscado apoyos en otras naciones y durante los próximos meses seguirá perfilando el borrador, que pretende someter a la aprobación de los Ejecutivos de Unasur en el plazo de dos años.

Por su jurisdicción, sus atribuciones y su ámbito territorial de competencias, este tribunal sería diferente a otros órganos internacionales como la Corte Penal Internacional de La Haya o, en la región, el Tribunal Andino de Justicia.

Se trata de un proyecto para la creación de un tribunal inédito, pensado fundamentalmente para combatir diferentes modalidades de crímenes trasnacionales.

El lavado de activos, el contrabando, la trata de seres humanos, el sicariato (asesinato pagado), son algunos de los delitos que podrían enjuiciarse, aunque la nómina de infracciones todavía no está completamente definida y es posible que se incluyan otras.

Por una parte, la corte permitiría una ampliación de soberanía de los países para que se puedan juzgar delitos con conexiones en diferentes territorios, pero al mismo tiempo ello les obligaría a ceder parte de su soberanía particular en materia penal en favor de un tribunal regional que pudiera tener sus salas en otra nación.

"Independiente de los enormes problemas técnicos, que los tiene, lo que necesita (el tribunal) es un impulso político, porque aquí lo que hay es una cesión de soberanía", dijo a Efe la jefa de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado de España, Rosa Ana Morán, quien recordó que en Europa aún no se ha logrado "ni siquiera la creación de una Fiscalía Europea".

Su puesta en marcha permitiría eliminar o, al menos, atenuar, lo que los juristas llaman la "fragmentación" que se produce en los juicios contra bandas criminales internacionales cuando cada país juzga en su territorio los hechos y a las personas que le corresponden.

A causa de esta fragmentación, los tribunales se ven en muchos casos impedidos de aplicar penas mayores tomando en cuenta circunstancias como el carácter plurinacional de las organizaciones criminales o la distribución de grandes cantidades si se trata de narcotráfico.

Armar este rompecabezas jurídico exige también encajar otras piezas y determinar cómo se elegiría a los jueces y fiscales, que códigos jurídicos serían aplicables, donde tendría su sede el organismo, que características debería tener el sistema de penas y muchos otros detalles.

Según el borrador del proyecto el tribunal estará formado por siete jueces y el proceso, que tendrá garantías internacionales, estará presidido por los principios de imparcialidad y contradicción.

Estas garantías son importantes, al igual que la determinación de competencias jurisdiccionales del tribunal, según analistas jurídicos.

Tiene que haber "claridad en cuanto a la determinación de competencias, porque puede ocurrir que dos tribunales conozcan a un tiempo de los mismos hechos, con pronunciamiento contradictorios", explicó a Efe el exprocurador general de Ecuador Gustavo Medina López.

Según la fiscalía ecuatoriana, las consultas efectuadas hasta ahora en Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay permiten aventurar "que una buena parte de los fiscales vinculados a Unasur tienen una posición favorable" a la propuesta.

Además del modo en que se resuelvan las cuestiones técnicas, está por ver, ahora, cómo avanzar en la parte política para conseguir el respaldo necesario para este innovador proyecto judicial.