La Junta de Castilla-La Mancha ha readmitido en sus puestos de trabajo a 393 funcionarios que fueron despedidos en 2012. El Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) dictó sentencia firme el pasado 19 de noviembre obligando al Gobierno de Cospedal a devolver a su empleo a estos trabajadores públicos. Según la Justicia castellano-manchega, los despidos fueron realizados de manera ilegal, por lo que la Junta tenía hasta este martes, 16 de septiembre, para proceder a la readmisión.
Además, la sentencia obliga al Gobierno autonómico a pagar una indemnización de 30 millones de euross a estos empleados. La cantidad se corresponde con el salario que deberían haber cobrado estos funcionarios desde su despido. 36.000 euros al día por tenerlos en casa.
La Junta ha anunciado que su servicio de recursos humanos avisará uno a uno a los 393 empleados readmitidos. Volverán a sus puestos de trabajo por Navidad. Se tiene previsto que antes de que acabe el año todos estén reincorporados a su puesto después de dos años. Como mucho se espera acabar la reincorporación en la primera semana de enero.
Sin embargo el Gobierno autonómico sigue adelante en su plan de reorganizar la plantilla. Ha propuesto una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que contempla el despido de otros 773 empleados. Se piensa que una vez readmitidos, estos 393 trabajadores serán nuevamente despedidos junto a más personas.58,32 millones en sentencias perdidas en un mes
El reintegro de estas nóminas es la principal parte del monto total que tendrá que pagar la Junta de Castilla-La Mancha por las sentencias judiciales perdidas en materia laboral en menos de un mes. En total 58,32 millones.
A los 30 millones de euros procedentes de los empleados readmitidos este martes hay que sumar otras indemnizaciones. La Junta ha comunicado que pagará el 25% de las pagas extras a los funcionarios, congeladas también desde 2012. La Justicia dictaminó que la congelación de esta parte de la remuneración no se realizó de acuerdo a criterios legales y ahora el Gobierno ha anunciado el reembolso de 27 millones de euros. Quedan por pagar otros 81 millones.
A principios de diciembre, la Sala Social del TSJCLM obligaba a la radio televisión pública, presidida por Nacho Villa, a pagar a sus empleados 1,2 millones de euros por los atrasos acumulados desde 2009 por la ilegal aplicación del convenio colectivo. El ente autonómico se encontraba entonces a las órdenes del Gobierno socialista de José María Barreda.
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La dirección anterior decidió subir el salario a los empleados de RTVCM un 0,8% en 2009 pese al 2,1% que hubiera sido lo oportuno, coincidiendo con la subida del IPC en ese año. En 2012 el TSJCLM obligó a la televisión pública a reconocer el derecho de sus trabajadores a una subida salarial justa. Nacho Villa recurrió al Tribunal Supremo, que avaló lo dictaminado por el órgano autonómico, pasando a ser sentencia firme en fase de ejecución. Sin embargo, el reintegro de los atrasos no se ha hecho aún efectivo.
El TSJCLM se ha vuelto a pronunciar al respecto reiterando el derecho de los trabajadores del ente público, la televisión y la radio a cobrar la subida salarial del 2,1% en lugar del 0,8% aplicado y la continuidad de este ascenso en los años posteriores así como su repercusión sobre los pluses laborales. RTVCM puede presentar recurso de casación.Otros despidos irregulares
Estas son las sentencias más difíciles a las que se enfrenta la Junta de Castilla-La Mancha, por el importe que suponen. Pero hay otras de menor cantidad que también han obligado a sacar dinero de las arcas públicas por no hacerse las cosas de acuerdo a la Ley. El 10 de noviembre, se condenaba en sentencia firme al Gobierno a pagar 120.000 euros a dos conductores despedidos a través de SMS el año anterior.
También en 2013 se produjeron doce despidos de trabajadores de la residencia universitaria Los Guzmán. De ellos, siete fueron improcedentes y la Justicia obliga a la readmisión de lo mismos o a pagar 130.000 euros de indemnización.
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Desde la oposición, culpan a Cospedal del retraso en aplicar el pago de los 30 millones de euros a los funcionarios readmitidos este martes para no incumplir el objetivo de déficit. El secretario general del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, lo denunciaba así en su perfil de Facebook el pasado domingo.
Por otro lado, el portavoz socialista en las cortes regionales, José Luis Martínez Guijarro, cifra en alrededor de una décima del PIB regional, "sobre 34.000 millones", lo que supondrá la sentencia a pagar. Si se suman las cantidades de otras demandas perdidas, se llega a 58,45 millones, una décima y media "que tendrá que computaran en los pagos del próximo Gobierno, sea quien sea". La oposición cree que se están retrasando los pagos para que tenga que ejecutarlos el próximo ejecutivo.
Para situaciones excepcionales a las que haya que hacer frente fuera de los presupuestos regionales, cada Comunidad Autónoma dispone de una especie de ahorros. El fondo de contingencia de Castilla-La Mancha en 2014 apenas supone una décima parte de las indemnizaciones a pagar. La hucha regional para gastos imprevistos tiene este año una capacidad de 5,6 millones de euros. El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha dotado este colchón para 2015 en sólo dos millones de euros. Ambas cantidades son a todas luces insuficientes para afrontar los pagos extraídos de las demandas judiciales perdidas.
Desde el Gobierno regional apuntan que ya se están analizando de qué partidas se sacará el dinero a pagar.
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