Palma, 22 dic.- La infanta Cristina deberá responder ante un tribunal de Palma acusada de dos delitos fiscales en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, porque el juez José Castro cree que hay indicios de que formó parte del presunto entramado corrupto en torno al Instituto Nóos.
El instructor del caso Nóos ha dictado hoy el auto de apertura de juicio oral para diecisiete personas y ha fijado fianzas por responsabilidades pecuniarias que suman 61,35 millones de euros, una reclamación que ha de ser satisfecha en el plazo de 20 días y que en el caso de la infanta asciende a casi 2,7 millones de euros.
Cuatro años y cinco meses después de abrir una pieza separada en la macrocausa del caso Palma Arena sobre las sospechas de malversación de fondos públicos por parte de Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, Castro ha puesto en manos de la Audiencia provincial el caso con un auto que considera irrecurrible, aunque la defensa de la infanta y la acusación popular del PSOE de Valencia han anunciado que plantearán recursos.
El juez ha decidido sentar a la infanta en el banquillo solo con la acusación de Manos Limpias, que ejerce la acción popular, ya que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, junto con los abogados de la duquesa de Palma, reclamaron el sobreseimiento de la causa para Cristina de Borbón en atención a la llamada doctrina Botín.
Pero Castro argumenta en su resolución que, como había sugerido la Audiencia de Palma al mantener la imputación de la hermana del Rey, el caso difiere del que libró de juicio al banquero Emilio Botín porque la acusación pública y la representación de la Agencia Tributaria sí acusan a Urdangarin de delitos fiscales.
Subraya además que considerar que solo Hacienda es perjudicada por el delito fiscal "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos".
Entiende que el delito contra Hacienda atenta contra un bien jurídico colectivo de interés general, como la propia Agencia Tributaria pone de manifiesto con lemas como "Lo que tú defraudas, lo pagamos todo", y que por tanto la acción popular está legitimada para sostener la acusación en un juicio.
La defensa de la infanta ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia de Palma la decisión del juez porque, aunque el instructor la declara firme, su argumentación va más allá de lo que sería un auto propio de apertura de juicio oral, ha anunciado el abogado Miquel Roca.
"Lógicamente, resolver con la excusa de la apertura de juicio oral un tema tan importante como el de la legitimación, obviamente estoy seguro de que nadie discutirá el derecho que corresponde a esta representación para formular un recurso de apelación, cosa que vamos a hacer dentro del plazo previsto", ha indicado Roca.
También tiene intención de presentar recurso el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación popular, porque está en desacuerdo con la exoneración del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
De los veinte imputados confirmados por la Audiencia de Palma el pasado 7 de noviembre, Castro ha dejado finalmente fuera del proceso al vicealcalde valenciano y a los ex altos cargos de la Fundación Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral.
Además de Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbón y Diego Torres, serán juzgados la esposa de este último, Ana María Tejeiro, y sus hermanos Marco Antonio y Miguel Tejeiro; el expresidente balear Jaume Matas y los antiguos altos cargos autonómicos José Luis Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet; los exresponsables públicos valencianos Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado; la ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, y el asesor fiscal Salvador Trinxet.
Tras conocerse la resolución, la Casa del Rey ha expresado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" y ha apuntado que es una decisión personal de doña Cristina renunciar o no a sus derechos dinásticos como sexta en la línea de sucesión a la Corona.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha manifestado su respeto por la decisión de Castro, que prueba que España cuenta con un sistema judicial que "funciona", mientras que el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha defendido la presunción de inocencia de la duquesa de Palma.
La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, ha afirmado que el procesamiento de la infanta "significa que la justicia es igual para todos" y que eso "puede dar tranquilidad a todos los españoles".
El siguiente paso del proceso judicial será la presentación de los escritos de defensa en los próximos 20 días hábiles, tras lo cual Castro dará traslado de toda la pieza, la número 25 del caso Palma Arena, a la Audiencia de Palma, que la asignará a uno de los magistrados que entran el en turno de reparto del órgano judicial provincial.
El magistrado al que le corresponda la responsabilidad de juzgar la causa elegirá a los dos jueces con los que formará el tribunal y se fijará la fecha para la celebración del juicio, que comenzará a finales de 2015 o principios de 2016 y, dada su complejidad, podría prolongarse meses y celebrarse en dependencias habilitadas expresamente al efecto. EFE
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