El cuatripartito navarro pide "garantizar" la Carta Europea de Derechos Fundamentales sobre penas de cárcel

Las cuatro fuerzas que sostienen el Gobierno foral recuerdan en la iniciativa que la Cámara navarra "se ha pronunciado reiteradamente contra el tratamiento judicial que en el Estado español se está realizando en el denominado 'caso Alsasua' que actualmente se está instruyendo en la Audiencia Nacional".

En este sentido, advierten de que "el artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales vigente en la Unión Europea hace referencia directa a la proporcionalidad de las penas señalando que 'la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción'".

Por ello, la iniciativa de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E solicita en primer lugar que "el Gobierno de Navarra a través del órgano que corresponda realice las gestiones necesarias ante los órganos comunitarios correspondientes para determinar si a juicio de estos la transposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en España".

En segundo lugar, las cuatro fuerzas parlamentarias piden que "el Gobierno de Navarra realice asimismo las gestiones necesarias ante los órganos comunitarios correspondientes para determinar si a juicio de estos es compatible la petición fiscal realizada en el denominado 'caso Alsasua' con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales".

Por último, la moción insta a que "el Gobierno de Navarra realice las gestiones necesarias ante los órganos comunitarios correspondientes para aunar criterios que eviten situaciones desproporcionadas como esta, tal y como prevén la CE y Eurojust".

Esta iniciativa viene motivada por la pregunta que el pasado 21 de julio presentaron los eurodiputados Izaskun Bilbao (ALDE), Josu Juaristi (GUE/NGL), Marina Albiol (GUE/NGL) y Xabier Benito (GUE/NGL) a la Comisión Europea sobre "la incorrecta transposición de la definición europea de terrorismo en el Estado español".

En "consonancia con esta iniciativa", los cuatro grupos parlamentarios consideran "dudoso" que "las calificaciones realizadas por el fiscal encajen con las definiciones comunitarias sobre el delito de terrorismo y con la aplicación penal sobre otros casos de agresiones contra agentes policiales".

"En definitiva, con esta actuación el Estado español no transpone correctamente las leyes europeas y puede estar vulnerando el artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales", han señalado los cuatro partidos en un comunicado.