Sevilla, 20 mar.- Cuatro ex altos cargos de la Junta imputados en el caso de los ERE han denunciado la indefensión que sufren pues la juez Mercedes Alaya no les entrega la declaración ante la Guardia Civil de los testigos y acusados, en una causa que "abusa de la práctica de diligencias policiales".
Los abogados de dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta y dos exdirectores de Finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) piden a la Audiencia de Sevilla que "el núcleo de la instrucción de este procedimiento se realice en sede judicial", frente a la respuesta que han recibido de la juez Alaya de que la Guardia Civil responde a los "criterios operativos" fijados por ella.
Esta actitud supone "ocultar a las partes las declaraciones prestadas en sede policial" y "una flagrante infracción" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando dice que "las partes podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento", afirma el letrado Antonio Uceda Sosa.
"El juzgado no puede atribuirse la facultad de privar, ni siquiera temporalmente, a las partes del acceso a las actuaciones y mucho menos en base a unos supuestos 'criterios operativos' que ni siquiera se explican ni justifican", añade.
El abogado José María Mohedano, por su parte, recuerda que él mismo ya presentó un incidente de nulidad de actuaciones porque con ocasión de la declaración como imputado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, la juez Alaya le interrogó sobre aspectos relativos a la declaración policial del interventor delegado en Empleo, que las partes no conocían.
Ello fue explicado posteriormente por la magistrada como un error porque la Guardia Civil le entregó un borrador de atestado donde se incluía dicha declaración.
Según Mohedano, las partes personadas no pueden acceder a unas declaraciones que son "imprescindibles para preparar la defensa" y recuerda que la ley ordena que "en ningún caso, salvo el de fuerza mayor, la policía judicial podrá dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial de las diligencias que hubiera practicado".
Afirma el abogado que "en la práctica, es como si nos encontráramos ante un dilatado secreto de las actuaciones que la Policía practica de forma autónoma".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios