Cuba asegura que persigue penalmente los casos de tortura en el país

Ginebra, 22 may.- El Gobierno de Cuba se somete esta semana a su segundo examen ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, órgano ante el que aseguró hoy que los casos de malos tratos en centros de detención son perseguidos penalmente en el país.

"En Cuba no hay, ni habrá espacio para la impunidad", manifestó ante el Comité el vicefiscal general del Estado y jefe de la delegación cubana, Rafael Pino, que agregó que "los actos de tortura y malos tratos están totalmente prohibidos y constituyen delitos".

Pino agregó, no obstante, que "no estamos satisfechos" y que Cuba trabaja para "seguir avanzando", entre otras cosas actualizando el Código Penal, que actualmente no define el delito de tortura.

El vicefiscal cifró en más de 419.000 las quejas presentadas por los ciudadanos ante la Fiscalía entre 2007 y 2011, de las cuales 263 tuvieron que ver "con hechos relacionados con malos tratos en centros penitenciarios o en centro de detención".

Las denuncias fueron investigadas y resultaron "penalmente repulsables 46 agentes de las fuerzas del orden", dijo Pino, que achacó a "una campaña política y mediática selectiva de la que Cuba es víctima" la idea de que en Cuba se condona la tortura.

En sus preguntas a Cuba, el CAT alude a la situación de los activistas de derechos humanos, que según Pino no "pueden ser calificados bajo ese concepto, según los preceptos de la ONU", porque sus acciones "buscan destruir el orden interno de Cuba (...), al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera".

"En Cuba, los auténticos defensores de los derechos humanos son protegidos", declaró el vicefiscal, que agregó "nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por ejercer sus derechos, incluidos los de libre expresión y asociación".

Sobre la asistencia de los presos que se han declarado en huelga de hambre, Pino aseguró que "se les brinda la mejor asistencia médica", al igual que el resto de personas privadas de libertad.

El CAT pidió a Cuba datos sobre las muertes ocurridas en detención e información detallada sobre las investigaciones de esos fallecimientos y las medidas para prevenir suicidios.

También pidió conocer los protocolos establecidos para el tratamiento de los detenidos en huelga de hambre y las medidas tomadas en los casos de Orlando Zapata (fallecido en 2010), Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer, Franklin Peregrino, Jose Ubaldo Izquierdo, Juan Bermúdez, Iris Támara Aguilera, Jorge Luis García Pérez, Diosiris Santana Pérez y Segundo Rey Cabrera González.

Igualmente se pidieron datos sobre "la información de la que dispone el Comité de que Yordani Martínez y David Piloto habrían sido esposados y golpeados (...) en la cárcel de Valle Grande como represalia por su declaración de huelga de hambre en mayo de 2011".

El CAT quiere asimismo conocer las circunstancias de la muerte de Juan Wilfredo Soto García en el Hospital Provincial de Santa Clara en mayo de 2011, tres días después de que denunciara que agentes de la policía le habían propinado una paliza tras detenerlo.

Los integrantes del Comité preguntaron además sobre las presuntas agresiones y acoso contra Reina Luisa Tamayo tras la muerte de su hijo, Orlando Zapata, contra las Damas de Blanco y contra los blogueros críticos Yoani Sáncehz y Orlando Luis Pardo.

Y más aclaraciones: sobre las presuntas agresiones de la policía durante una manifestación pacífica en Sancti Spíritus en febrero de 2008, contra Alexandre Santos Hernández en Holguín por ocho miembros de una "brigada de respuesta rápida" y contra los familiares del periodista Raymundo Perdigón Brito a la salida del juicio en el que éste fue condenando por "peligrosidad" en diciembre de 2006.

Sobre la reforma del Código Penal que tramita el Parlamento cubano, los miembros del CAT instaron a incluir una tipificación del delito de tortura y a eliminar de manera efectiva la pena de muerte.

El presidente del CAT, el chileno Claudio Grossman, expresó su inquietud por la "amplitud y vaguedad" de delitos que comportan en Cuba la pena de muerte y pidió al Gobierno que convierta la moratoria de facto en vigor desde 2003 en una abolición.