Debate nación. El congreso rechaza que los corruptos incursos en juicio oral queden excluidos de las listas electorales


El Congreso de los Diputados ha rechazado con 189 votos en contra, 125 a favor y 20 abstenciones, la propuesta de resolución de UPyD al Debate sobre el Estado de la Nación que pretendía que aquellos políticos acusados de corrupción a los que se abra juicio oral “no puedan integrar las listas electorales”.

Esa propuesta estaba contenida en una resolución de carácter general para luchar contra la corrupción y promover una financiación más transparente de los partidos políticos.
Insistía en que se sancione penalmente la “omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social”. Esta medida se debería aplicar a “aquellos cargos públicos electivos que omitieran o falsearen sus declaraciones de bienes”.
La formación liderada por Rosa Díez quería establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, tanto ordinaria como electoral; incorporar a la legislación penal el “delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos” y reforzar la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, de manera que puedan ser sancionados sin dañar el patrimonio o el caudal público.
De igual modo, UPyD pretendía introducir estas reformas legales de manera que, “sin modificar la naturaleza esencialmente discrecional del indulto, deje de usarse de forma arbitraria, como actualmente viene ocurriendo”. Además, insistía en impulsar las reformas legales necesarias para suprimir el aforamiento que impide que "los políticos acusados de corrupción puedan ser enjuiciados por el juez natural”.
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS
También resultó rechazada la resolución de este mismo grupo en la que planteaba medidas sobre la financiación y funcionamiento democrático de los partidos políticos, así como la llamada “puerta giratoria”, que permite el paso de antiguos cargos públicos a empresas privadas relacionadas con las tareas desarrolladas por los responsables políticos en la Administración.
Para ello, la formación dirigida por Rosa Díez proponía modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para establecer las primarias con voto directo y secreto con mecanismo de selección del cabeza de lista electoral, que cualquier afiliado pueda presentarse como candidato y el modelo asambleario para los congresos periódicos de la formaciones políticas.
Exigía también que los órganos del partido sean elegidos por voto directo y secreto entre todos los afiliados y que los órganos de debate y control entre Congresos debatan anualmente la gestión de la dirección.
En relación a la financiación de los partidos, proponía el control interno anual de la Intervención General del Estado, y la posterior publicación de los datos en la página web del partido político. Pedía cuentas consolidadas de los partidos que incluyan los ámbitos locales y que el Tribunal de Cuentas cambie la forma de selección de los consejeros para garantizar su independencia y despolitización.
UPyD apostaba finalmente por el “endurecimiento de las sanciones administrativas por las infracciones cometidas en materia de financiación” de partidos, por regular “los conflictos de interés de los parlamentarios y cargos de designación política, el régimen de incompatibilidades y las declaraciones de bienes e intereses, y adoptar las medidas para combatir el pernicioso fenómeno de la puerta giratoria”.

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