Debate nación. El congreso tumba el plan de lucha contra la pobreza infantil propuesto por el psoe

El Congreso de los Diputados rechazó este jueves una propuesta de resolución al Debate sobre el Estado de la Nación presentada por el PSOE que instaba al Gobierno a adoptar un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, así como un Pacto por la Infancia para avanzar en la protección de los derechos de los menores.
La iniciativa, que contó con 124 votos a favor, 177 en contra y 16 abstenciones, incluía la elaboración de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia con objeto de “brindar a los niños y niñas la protección más eficaz contra la pobreza u la exclusión”.
El plan supondría una mejora de las rentas familiares con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la extensión de la protección por desempleo y el incremento de las prestaciones por hijo a cargo, con especial atención a las familias que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, como las monoparentales y las que cuenten con personas con discapacidad entre sus miembros.
Otros elementos que, a petición del PSOE, debería incluir el plan eran un marco común para garantizar la realización de los derechos de la infancia; medidas para impedir los efectos negativos de los recortes y reformas en la atención sanitaria y educación que reciben los menores, y el refuerzo de los servicios sociales para que respondan a la actual situación de la infancia.
Asimismo, el PSOE instaba al Ejecutivo a aprobar un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social general con medidas capaces, y con una dotación económica suficiente para garantizar la eficacia de las acciones que se acuerden.
Por otro lado, la iniciativa urgía al Gobierno a adoptar, en coordinación con las comunidades autónomas, las medidas “necesarias” para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, como la aprobación de una nueva regulación legal del empleo para este colectivo, el apoyo a los centros especiales de empleo, la reposición de los recursos destinados a las políticas activas de empleo y el cumplimiento de los porcentajes de reserva de empleo establecidos para personas con discapacidad.
Asimismo, pedía que se dote económicamente el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, con objeto de que cuente con la financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines, e insistía en la necesidad de garantizar una educación inclusiva para todo el alumnado, “con las adaptaciones y apoyos que requieran aquellos que presenten necesidades especiales”.