Declaran en la audiencia que marruecos “ejecutó” a saharauis con pasaporte español

Mahmud Selma Daf, familiar de tres víctimas de la represión de Marruecos en el Sahara, declaró este miércoles en la Audiencia Nacional que los responsables del país alauita “ejecutaron” a saharauis con pasaporte español tras tomar el control de este territorio en 1975.
Esta víctima realizó esta acusación tras declarar como testigo ante el magistrado de la Audiencia Pablo Ruz. Este juez instruye una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y otros querellantes contra la presunta represión de Marruecos en el Sáhara.
A este respecto, Mahmud Selma Daf explicó a los periodistas, tras declarar ante el juez, que existen varias personas que fueron testigos presenciales de la ejecución de saharauis con pasaporte español por las autoridades marroquíes.
Mahmud, de nacionalidad argelina, aseguró a los informadores que es familiar de tres víctimas de la represión encontradas en junio de 2013 en una fosa común, donde había diversos cadáveres presuntamente ejecutados con armas de fuego en febrero de 1976.
“Soy hijo, hermano y primo de estas víctimas, y todas poseían la nacionalidad española en el momento de su desaparición, el 12 de febrero de 1976”, explicó Mahmud a los periodistas. En la actualidad, “yo también tengo DNI español gracias a que mi padre lo tenían en esos momentos”.
“CLEMENCIAS”
Mahmud aseguró que otro familiar, “un primo mío de trece años”, fue testigo presencial de la ejecución de dos personas por la noche y “escuchó las clemencias” de los presos, pudiendo distinguir “la voz de mi padre, que era su tío”. Este testigo no pudo declarar esta mañana ante el juez Ruz, como estaba previsto, porque el consulado español en Argel (Argelia) no le facilitó a tiempo el visado para viajar a España.
En sus declaraciones a los medios de comunicación, Mahmud aseguró que “tiene miedo” de que la reforma de la justicia universal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy ponga fin a los avances conseguidos en este proceso y provoque el “archivo del caso”.
Ruz también escuchó hoy, en relación con esta causa sobre el Sáhara, al perito Carlos Martín Beristaín y al psicólogo Francisco Etxeberria Gabilondo. Se trata de ciudadanos españoles que descubrieron en junio de 2013 una fosa común con ocho cadáveres presuntamente ejecutados con arma de fuego en febrero de 1976.
VISADOS
Beristain explicó a los periodistas, al término de su declaración, que los visados para los cinco testigos que tenían que comparecer ante el juez Ruz estaban “pedidos con tiempo pero no hemos recibido respuesta del consulado”, y por eso “no han podido venir, esperamos que se les cite más adelante”.
El perito apuntó que entregaron al juez las declaraciones de los testigos directos, ya que “además de hacer un estudio forense les tomamos testimonio”. Con estas pruebas, “esperamos que el juez pueda seguir adelante con la investigación”.
Beristain confía en que no haya “interferencias del poder ejecutivo”, en referencia a la reforma de la justicia universal, porque “pocas veces se tiene a mano” una causa con “tantas pruebas”. Destacó que, en el momento de los hechos, “España tenía la colonia y sus ciudadanos eran españoles”.
DNIs EN LA FOSA
“Encontramos en la fosa dos DNIs de españoles entre ropas y una cartilla de racionamiento de azúcar, así como el carnet de una empresa española de cubiertas que trabajaba en la zona”, explicó este perito.
Beristain también señaló que esperan que esta causa “no se archive, porque la justicia universal es una conquista de las víctimas de muchos países. El Sáhara “era una colonia española en ese momento, son ciudadanos españoles y estamos hablando de pruebas que justifican un crimen de lesa humanidad y no puede pasar inadvertido ni se puede dar carpetazo”.
Por otra parte, el antropólogo forense, Francisco Etxeberría, afirmó que, en un principio, las hipótesis de la existencia de ejecuciones de saharauis con nacionalidad española se basaban en testimonios recogidos antes del hallazgo de varias fosas. Sin embargo, estos enterramientos “con población civil y con disparos en la cabeza sepultados bajo la arena”, las pruebas de ADN y los análisis genéticos confirman de “manera muy amplia” las declaraciones previas que se “recogen antes de tocar la fosa”.