Defensa no quiere elecciones ni locales ‘sindicales’ en los cuarteles militares

La ministra Carme Chacón ha iniciado hoy una ronda de contactos con diferentes grupos parlamentarios para dar a conocer las líneas básicas de la futura Ley de Derechos y Deberes de los militares. Gaspar Llamazares, el portavoz de IU en el Congreso, y Beatriz Rodríguez-Salmones, la portavoz del PP en materia de Defensa han sido los primeros representantes de la oposición en reunirse con la ministra. Posteriormente, ya por la tarde, lo ha hecho con el diputado Jordi Xuclá, de CiU.

La ministra ha reiterado en varias ocasiones que quiere “un amplio consenso” para sacar adelante esta ley, cuya gran novedad radica en que se reconoce por primera vez a las asociaciones profesionales de militares como interlocutoras del Ministerio de Defensa. Y además, Defensa las acepta como interlocutores al darles cabida en el Consejo de Personal, un nuevo órgano que asesorará a Defensa en cuestiones relacionadas con el ámbito laboral y de personal de las Fuerzas Armadas, el régimen retributivo, las condiciones de trabajo o sistema de protección social de los militares.

Analizar las condiciones de vida de los militares

Por otro lado, el Ministerio que dirige Carme Chacón propone la creación del Observatorio de la Vida Militar, que será una especie de órgano consultivo que analizará la aplicación de esta ley y las condiciones de vida de este colectivo. Pero hay varios puntos polémicos en torno al borrador que Chacón ha presentado hoy a las fuerzas políticas. El primero, según ha explicado a lainformacion.com Gaspar Llamazares, radica en que Defensa es reticente a que los miembros del Consejo de Personal sean elegidos en un proceso electoral, “ya que eso podría bordear el modelo sindical”.

En su artículo 28, la Constitución limita el derecho de sindicación y de huelga a las Fuerzas Armadas. Por ello, aunque la solución para elegir a los representantes en dicho Consejo está aún por decidir, todo parece indicar que tendrían cabida en estos consejos las asociaciones con un número determinado de afiliados. A lo que Defensa finalmente ha accedido es que los militares que formen parte de este Consejo estén en activo. En un principio se especulaba que sólo podrían formar parte del mismo los ya retirados para así evitar la aparición de una figura similar a la de los liberados sindicales.

Otro segundo aspecto al que se resiste Defensa, según Llamazares, es que estas asociaciones tengan una presencia activa en los cuarteles para realizar actividades y reuniones. “No queremos que la asociación sea sólo un tablón, sino que haya posibilidad de reunirse en los locales y haya un personal dedicado a este trabajo de la asociación”, afirmó el portavoz de IU en el Congreso. “Hay quienes interpretan que una asociación o asamblea es contraria a la disciplina y jerarquía de la carrera militar”, añade.

Aunque Llamazares calificó de “positiva” esta “primera fase de contacto” ha criticado que haya tantas “limitaciones de partida” al papel de las asociaciones.Además, ha señalado que en la propuesta del Ministerio de Defensa han quedado fuera algunos derechos que sí reconoce la Constitución a los miembros de las Fuerzas Armadas, como el derecho a la libertad de expresión y de reunión.

Una vieja promesa electoral

La Ley de Derechos y Deberes de los militares es una vieja promesa de José Luis Rodríguez Zapatero. Su programa electoral de 2004 ya recogía esta reivindicación del colectivo militar, pero en vez de eso aprobó en 2005 La Ley de Defensa Nacional que daba un plazo de tres meses para sacar adelante la norma que regulara los derechos de los militares. Pero tampoco se cumplió.

En el programa electoral del PSOE  de 2008 volvía a aparecer esta promesa, aunque de forma más suave. El PSOE se comprometía entonces a “actualizar el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas del personal militar”.