Asunción, 20 jun.- La defensa de los campesinos paraguayos acusados por la masacre de Curuguaty, que dejó a seis policías y once labriegos muertos, pidió hoy la suspensión del juicio previsto para la semana que viene porque en su opinión no cumple las garantías jurídicas.
Los abogados solicitaron la suspensión del juicio público fijado para el 26 de junio en el que trece campesinos, diez de ellos acusados de intento de homicidio de los policías, enfrentarán cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, mientras que no hay imputados por la muerte de los once labriegos.
"No se puede llevar a juicio a nuestros defendidos, por el hecho punible de invasión, sin aclarar a quien pertenecen las tierras supuestamente invadidas", dijo a Efe el abogado Guillermo Ferreiro, quien junto a su colega Vicente Morales, defiende a los labriegos.
El hecho ocurrió hace dos años durante una ocupación de tierras en la localidad de Curuguaty, y desencadenó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
Según Ferreiro "han surgido nuevos hechos que ratifican" que el propietario de la tierra donde se produjo la matanza, conocida como Marina Cue (tierras de la Marina, en idioma guaraní), "siempre fue el estado y no Campos Morombí".
El terreno, unas 2.000 hectáreas, está en poder de la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del Partido Colorado, formación que gobernó Paraguay durante unas seis décadas y volvió al poder en 2013 con el empresario Horacio Cartes como presidente.
"Lo único que se busca es una condena para esta gente. Pero con el juicio no se va a saber qué pasó en Curuguaty", pues "no hay nadie procesado de homicidio y hay 17 muertos, lo que demuestra que no hay intención de conocer a los autores", dijo a Efe Vicente Morales con motivo del aniversario de la matanza el pasado domingo.
El letrado consideró una "aberración" el cargo de intento de homicidio, lo que a su juicio descarta de por sí que fueran los autores de las muertes de los policías, pues entonces deberían haber sido acusados de homicidio.
En una entrevista concedida en abril a Efe, el fiscal del caso, Jalil Rachid, argumentó que el delito de "tentativa de homicidio" sanciona "la conducta" y agregó que los campesinos prepararon el enfrentamiento.
En cuanto al hecho de que no hay ningún imputado por la muerte de los once campesinos, el fiscal se limitó a contestar que "los policías reaccionaron ante un ataque".
La masacre se produjo el 15 de junio de 2012, cuando unos 30 campesinos ocuparon unas tierras en Curuguaty afirmando que pertenecían al Estado y reclamando su inclusión dentro del reparto del programa de reforma agraria.
La ocupación fue seguida del despliegue de unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, tras el cual se produjeron los disparos que causaron las muertes.
Días después, el Legislativo paraguayo destituyó en un rápido y controvertido juicio político al entonces presidente Lugo, un político independiente y exobispo católico que había ganado las elecciones de 2008 y a quien por el manejo de este caso se le declaró culpable de mal desempeño de funciones.
Según el abogado Morales, el juicio al que pretenden someter a los acusados "se basa en toda una serie de irregularidades procesales, entre ellas la ocultación de pruebas".
Rachid ha negado la desaparición de evidencias, aunque sí reconoció que algunas de esas pruebas fueron recogidas y "manipuladas" por terceros en el lugar de los hechos, en vez de por la Policía.
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