Defensor del Pueblo catalán quiere que se investiguen filtraciones policiales

Barcelona, 3 nov.- El Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, se ha dirigido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que estudie abrir una investigación sobre supuestas filtraciones de informes de la UDEF sobre fraude fiscal o delitos contra la hacienda pública cometidos por cargos públicos.

Rafael Ribó ha hecho este anuncio sin mencionar de forma explícita al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien recientemente ha sido objeto de una información publicada en El Mundo, en la que se le acusaba de tener dinero oculto en el extranjero, citando fuentes policiales. El alcalde de Barcelona ha negado estas informaciones y ha pedido la dimisión del ministro del Interior.

El defensor del pueblo catalán considera que "se debe garantizar el derecho al honor de las personas y, si se conculca este derecho, los que resulten responsables deben asumir las responsabilidades correspondientes".

El Síndic de Greuges ha hecho llegar a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, varias cuestiones y consideraciones para que "si lo considera oportuno, abra la investigación correspondiente".

Entre otras cosas, Ribó quiere conocer "cómo se trasladan, con la máxima celeridad y eficacia, a la Fiscalía y a la autoridad judicial competente los posibles delitos fiscales y económicos que investiga la UDEF" (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional).

El Síndic considera que estos asuntos "hay que trasladarlos de manera inmediata y contrastada a la Fiscalía y a la autoridad judicial competente cuando se disponga de suficientes indicios que indiquen la comisión de posibles delitos fiscales y económicos".

También quiere saber "cómo se garantiza el contraste de los datos que se desprenden de estas investigaciones con las instituciones bancarias y financieras implicadas y qué medidas se adoptan para garantizar que no se filtra la información en períodos de investigación".

Según Ribó, siempre debe mantenerse "la reserva y el sigilo total de las investigaciones hasta que no se decida que hay que trasladarlas a la Fiscalía y a las instancias judiciales y, a su vez, estas acuerden o no el secreto de sumario".

Igualmente, el defensor del pueblo catalán pide conocer "cómo se dilucidan las responsabilidades en el ministerio u organismo correspondiente, en este caso el Ministerio del Interior, cuando se producen filtraciones de documentos o informaciones de los que no se haya comprobado la veracidad".