Washington, 25 mar.- Los padres de jóvenes muertos en Estados Unidos en casos que quedaron sin castigo al apelar quienes los mataron a leyes conocidas como "Stand your ground" denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estas normas de defensa propia pertenecen al "salvaje oeste".
Así lo aseguraron Sybrina Fulton, madre de Trayvon Martin, y Ronald Davis, padre de Jordan Davis, en una audiencia en la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las leyes de defensa propia y su impacto en las minorías.
Tanto Martin como Davis, dos adolescentes negros de Florida, fallecieron tras ser disparados por George Zimmerman y Michael Dunn, respectivamente, quienes fueron absueltos al acogerse a la ley estatal denominada "Stand your ground" que Florida adoptó en 2005 y que desde entonces han seguido otros 34 estados del país.
"Aquí estamos como en el salvaje, salvaje oeste, y vemos cómo nuestros hijos son asesinados en las calles como animales", aseguró Ronald Davis, quien destacó las implicaciones "raciales" de estos casos.
Davis explicó que el "crimen" que cometió su hijo fue "estar sentado en un coche con otros chicos de 17 años y escuchar música con el volumen alto".
Las leyes de defensa personal, afirmó el padre de Jordan Davis, se aplican según "los miedos y los sesgos" de las personas, algo que consideró "no razonable", porque, a su juicio, da "demasiada autoridad a quien tiene una pistola".
"No importa que tengas un arma (o no). Mientras (yo) piense que (tú) tienes un arma, para quien dispara es razonable (hacerlo) y eso es todo lo que tiene que probar", apuntó Davis.
La madre de Trayvon Martin pidió que se derogue la ley "Stand your ground" de Florida, ya que aseguró "no beneficia a nadie".
Niaz Kasravi, representante de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), una de las organizaciones peticionarias, consideró que las leyes de defensa propia facilitan el "disparar primero y preguntar después" y criticó que se aplican "de una forma racialmente sesgada".
Kasravi subrayó, asimismo, que estas leyes "son peligrosas porque aumentan los índices de homicidio y la discriminación" y añadió que no se ha probado que disminuya la criminalidad en los estados en que están vigentes.
Charlotte Cassel, de la Universidad de Miami, agradeció ante la CIDH que las leyes de defensa propia pasen "por primera vez bajo el escrutinio de la comunidad internacional por sus implicaciones para los derechos humanos".
El comisionado Felipe González reconoció la "preocupación" de la CIDH por este asunto que ha causado una "gran polémica" en Estados Unidos.
También el vicerrepresentante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Lawrence Gumbiner, que intervino en la audiencia de la CIDH en nombre del Gobierno estadounidense, admitió que estas leyes han generado "preocupaciones importantes" y "mucho debate" en el país.
Gumbiner declaró que el Departamento de Justicia y la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos tienen investigaciones abiertas sobre las diferentes leyes de defensa personal de los estados, por lo que emplazó a los peticionarios y a la comisión a que esperen a la publicación de los resultados de estos exámenes.
"Algunos estados han adoptado dichas leyes, otros no y los textos de estas leyes no son uniformes", matizó Gumbiner.
"En nuestro sistema legal, la vasta mayoría de leyes penales son aprobadas por los estados y no por el Gobierno federal, lo que hace más difícil para el Gobierno federal comentar aspectos específicos de leyes estatales", afirmó el representante de Estados Unidos.
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