Denuncian mayores restricciones a las ONG que durante el régimen de Mubarak

El Cairo, 30 may.- Un total de 40 ONG egipcias denunciaron hoy que los Hermanos Musulmanes están tratando de restringir el derecho a la libertad de asociación por medio del proyecto de ley presentado el miércoles por el presidente egipcio, Mohamed Mursi.

En un comunicado, señalaron que dicho proyecto incluye "restricciones legales más severas que las impuestas por el régimen (del expresidente Hosni) Mubarak".

El texto enviado ayer por Mursi a la Cámara alta del Parlamento, tras la polémica suscitada por la anterior iniciativa para legislar esa materia, revela una tendencia a imponer un mayor control administrativo y de seguridad al trabajo de la sociedad civil, según las ONG.

La estricta supervisión ejecutiva es efectuada por el denominado Comité de Coordinación, que cuenta con amplias prerrogativas para decidir sobre la financiación extranjera de las organizaciones nacionales y la concesión de licencias a las ONG extranjeras.

Este Comité también tendrá la facultad, según el proyecto de ley, de determinar si las organizaciones nacionales están autorizadas a unirse a las redes extranjeras o afiliarse a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas.

Las ONG advirtieron de que esta nueva legislación "sienta las bases para que el aparato de seguridad domine estas organizaciones" y le da los derechos legales para que suprima gradualmente el trabajo de las mismas mediante el bloqueo de sus fuentes de financiación.

Además, limita los derechos de las ONG para desarrollar sus recursos financieros y estipula que las donaciones tienen que ser notificadas y aceptadas por las autoridades.

De acuerdo a la nota, el proyecto de ley impide a las organizaciones elegir su marco legal, lo que deja a algunas entidades, como los movimientos juveniles y sociales surgidos con la revolución, en riesgo de ser disueltos o sus bienes confiscados.

Establece también un mínimo de diez miembros fundadores, mientras que los estándares internacionales marcan dos, y dificulta la formación de sucursales.

Según las ONG, el proyecto de ley es "hostil" hacia las organizaciones extranjeras, cuyo establecimiento depende del Comité de Coordinación y sus licencias tienen una duración limitada.

La nueva ley permite denegar los permisos a estas organizaciones si sus actividades socavan la "seguridad nacional" o son partidistas, lo que podría limitar a aquellos grupos que trabajan para desarrollar la participación política.

Mursi defendió que la norma solo busca "respaldar el papel de esas organizaciones y levantar las restricciones administrativas que obstaculizan su trabajo".

Además, prometió que el estado "no perseguirá" a las organizaciones sociales, aunque continuará su labor de "protección frente a los riesgos e intentos externos de dañar la seguridad de la patria".

Los grupos de derechos humanos han alertado en varias ocasiones del retroceso de los derechos humanos en Egipto y denunciado una campaña de las autoridades para desprestigiar a las ONG bajo el argumento de que reciben financiación extranjera.

El año pasado, se inició el proceso contra 43 trabajadores de ONG, entre ellos 19 estadounidenses, acusados de crear sedes de organizaciones internacionales sin el permiso del Gobierno egipcio y por recibir fondos del extranjero.