Managua, 28 sep.-Varios organismos de la sociedad civil que están a favor de la despenalización del aborto terapéutico, prohibido en Nicaragua, denunciaron hoy que 1.453 niñas de entre 10 y 14 años fueron violadas en el país y obligadas a dar a luz en el 2011.
Esa denuncia fue hecha por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, integrada por nueve organismos no gubernamentales, la mayoría mujeres, en el marco de una manifestación para demandar la restitución en la legislación nacional del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006.
En la manifestación, que comenzó en la sede de la Corte Suprema de Justicia y culminó en las afueras de la Asamblea Nacional, las mujeres exigieron al Estado la despenalización inmediata del aborto terapéutico para defender la vida y la salud de las mujeres, incluida niñas.
También demandaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpusieron hace cinco años, tras la reforma del Código Penal para prohibir el aborto terapéutico.
Las organizadores de la protesta denunciaron en una proclama que en Nicaragua 1.453 niñas de entre 10 y 14 años fueron violadas y obligadas a dar a luz el año pasado, por no permitirse ningún tipo de aborto.
En la manifestación, realizada en caravana de automóviles bajo el lema "Mi cuerpo es mío !Yo decido!", las mujeres portaban mantas y pancartas con mensajes de reclamos hacia el Estado y a la Corte Suprema de Justicia por poner "en riesgo a la vida y la salud" de las féminas, incluso niñas, "al negarle el acceso al aborto terapéutico".
"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir. Por la despenalización del aborto en América Latina", "Aborto ilegal, violencia estatal", se leían en otras pancartas.
La caravana de vehículos, que interrumpió el tránsito en la zona por breve tiempo, pasó por las afueras del Ministerio de Salud, Policía Nacional y Ministerio Público.
El Parlamento nicaragüense, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.
La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".
Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el asunto.
Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.
El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega se ha declarado a favor de la penalización del aborto terapéutico.
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