Denuncian que Fiscalía paraguaya no investiga casos de víctimas de dictadura

Asunción, 16 ene.- El paraguayo Martín Almada, víctima del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), acusó hoy al Fiscal General del Estado, Francisco Díaz Verón, de no investigar los crímenes de la dictadura y le advirtió de la posibilidad de pedir un juicio político para su destitución.

"Responsabilizamos a la Fiscalía General por el hecho de no investigar las responsabilidades que tuvieron el general Alfredo Stroessner, cómplices y encubridores civiles, militares y policiales", dijo Almada en un escrito dirigido al Ministerio Público.

Almada, detenido el 26 de diciembre de 1974, torturado y enviado al exilio durante la dictadura, es uno de los descubridores, en 1992, de los llamados "Archivos del Terror, tres toneladas de documentos que demuestran las atrocidades de la dictadura.

El material también incluye documentos secretos sobre la "Operación Cóndor", un plan coordinado de represión instaurado por los principales regímenes dictatoriales del Cono Sur de América en los años setenta y ochenta.

Almada dice en su denuncia que "es una vergüenza que la Fiscalía General callara durante 23 años de democracia tantas atrocidades a pesar de las pruebas obrantes en el Archivo del Terror".

El escrito reclama a la Fiscalía "que los criminales de lesa humanidad sean juzgados y condenados y que cumplan sus penas en cárceles comunes, sin privilegios especiales".

Indica que hasta la fecha sólo han sido procesados por estos delitos un funcionario civil, el excónsul de Posadas (Argentina) Francisco Ortiz, y un solo militar, el exjefe de la policía de Stroessner Ramón Duarte, este último condenado pero sin haber ingresado en prisión, según el documento.

El texto afirma también que, de no recibir un compromiso por parte de la Fiscalía, se planteará abrir un proceso de juicio político al Fiscal General del Estado por "mal desempeño de sus funciones".

"Agotaremos todas las instancias a nivel nacional para recurrir luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en su calidad de garante que debe responder por las violaciones que se dan a los Derechos Humanos en Paraguay", concluye el escrito.

La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay documentó, en un informe hecho público en 2008, que fueron 425 las personas ejecutadas o desaparecidas y casi 20.000 los detenidos durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría víctimas de tortura.

Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio por motivos políticos durante esa dictadura, según el mismo informe.