Asunción, 3 oct.- La defensa de los campesinos detenidos por la masacre que costó la Presidencia a Fernando Lugo presentará una denuncia para exigir que la Fiscalía paraguaya abra nuevas líneas de investigación y no dé el caso por cerrado, informó hoy a Efe uno de sus abogados.
El letrado español Aitor Martínez, que asesora al equipo defensor, concretó que la denuncia será presentada el próximo lunes, apoyada en un informe de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICP), que ha asumido la defensa de once de los 15 detenidos.
El informe "aporta otras líneas de investigación que la Fiscalía ha dejado de lado", explicó una fuente de la plataforma.
El documento, al que Efe tuvo acceso, cuestiona las conclusiones del informe final presentado ayer por la Fiscalía, seis días después de la detención del presunto principal instigador de los sucesos, el líder campesino Rubén Villalba.
Seis policías y once campesinos murieron y un centenar de personas quedaron heridas el 15 de junio pasado en una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca cuya propiedad se disputaban el recientemente fallecido empresario y político "colorado" Blas N. Riquelme y el Estado en Curuguaty (nordeste).
Este suceso supuso una semana después la destitución de Lugo en un juicio político, tras perder el apoyo de sus socios liberales.
Según la Fiscalía, que en su informe final ya no cuestiona que la propiedad sea de Riquelme, los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados".
El fiscal del caso, Jalil Rachid, concluyó que los campesinos montaron la emboscada y descartó versiones anteriores de la actuación de francotiradores entrenados, pues las armas incautadas en el lugar eran sólo escopetas de caza y revólveres.
En su informe, con aporte tanto de fotografías como de videos y testimonios, la PEICP mantiene que hay pruebas de audio del empleo de fusiles automáticos y que sólo esas armas disparadas por "expertos tiradores" pudieron ser las que abatieron a los policías, con "disparos certeros en la cabeza y el cuello".
Cuestiona, sin embargo, que los informes periciales de Policía y Fiscalía sólo reflejen el hallazgo en la zona de una o dos vainas de balas de fusil automático y que mantengan que las escopetas incautadas fueran las armas empleadas, cuando sólo una de las cinco dio muestras de haber sido disparada y estaba rota.
También cuestiona que los campesinos pudieran emboscar a los agentes sin retirar del lugar a sus mujeres e hijos.
La defensa argumentó que, tras ese primer tiroteo, hubo unos minutos de desconcierto a los que siguió la respuesta "desmesurada" de unos 300 policías contra el campamento campesino, contra el que dispararon "de manera indiscriminada" al margen de que sus ocupantes "fueran o no armados".
Según los defensores, "las evidencias encontradas no encajan con la versión" de la Fiscalía, que no ha investigado testimonios que relatan ejecuciones de campesinos e incendios en el campamento, así como la posible "introducción maliciosa" de pruebas por parte de la Policía.
Como destaca la PEICP, la Policía registró la zona el primer día y la abandonó sin acordonarla, lo que llevó al hallazgo al día siguiente de dos cadáveres de "sin tierras" por parte de bateas de campesinos y periodistas que entraron a la hacienda.
Por tanto, la defensa denunció que la Policía ha podido incurrir en los delitos de obstrucción de la Justicia así como de denegación de auxilio a los campesinos, que según el informe recibieron una asistencia médica tardía cuando los agentes fueron inmediatamente evacuados al hospital.
La plataforma observa que no se ha investigado la "plantación masiva de marihuana" en la finca y cita denuncias de otro líder campesino sobre la supuesta vinculación del caso con el tráfico ilegal y la existencia de mercenarios al servicio de Riquelme y otros terratenientes "colorados".
El informe cuestiona también a la Fiscalía, planteando que puede haber delito de prevaricación, tanto porque la fiscal local dio orden de desalojo de una propiedad de la que Riquelme no pudo aportar registro, como por la amistad entre las familias del terrateniente y Rachid, hijo de otro ex líder "colorado".
"Es la propia Fiscalía la que tendrá que investigar las actuaciones de la Fiscalía (...) Por ello es necesario practicar una recusación y elevar una incidencia por la instrucción de este fiscal", concluye.
En declaraciones hoy a la emisora de radio 970, Rachid mantuvo que los vídeos de lo ocurrido han sido "analizados por personas entendidas" y que los peritos de criminalística "no encontraron nada raro ya en su debido momento".
"Yo también le puedo pagar a un perito, obviamente esta gente no trabaja gratis, para sacar un dictamen a favor o en tal sentido", dijo, en alusión a que la PEICP está presidida por Domingo Laíno, uno de los pocos políticos liberales que cuestionó el juicio político que, tras Curuguaty, llevó a la destitución de Lugo.
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