Según los investigadores, "las empresas que deseaban obtener contratos con instituciones públicas subordinadas al alcalde debían devolver" a responsables de la administración una parte de los beneficios obtenidos.
El ejecutor del contrato "conservaba del 30% al 33% de las ganancias brutas y la diferencia se entregaba, como soborno, a los funcionarios que trabajaban para el alcalde de Bucarest". El propio Oprescu se reservaba "un 10% del valor del contrato", detalla la DNA en un comunicado.
Un alto funcionario le habría entregado el sábado al alcalde una suma de 25.000 euros, de un total de 60.000 exigidos por el edil a cuatro empresarios que denunciaron el hecho.
La DNA abrió una causa penal contra Oprescu, de 63 años y pidió su detención provisional, que en principio durará 24 horas, aunque se aprestaba este domingo a solicitar su prolongación por 30 días, añade el comunicado.
El abogado del alcalde, Alexandru Chiciu, denegó todos los cargos y aseguró que su cliente "nunca le pidió dinero a nadie, directa o indirectamente".
Oprescu, en el cargo desde junio de 2008, es un político independiente que cuenta con el apoyo del Partido Socialdemócrata en el poder.
Decenas de exministros, diputados, senadores y jueces rumanos fueron juzgados y condenados en los últimos años por corrupción.
El país está bajo estrecha vigilancia de la Unión Europea en temas de lucha contra la corrupción y de independencia del poder judicial.
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