Santiago de Compostela/Lugo.- El director general del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Informaciones Especiales de este organismo de la Xunta, Carlos Silva, además de al menos otras nueve personas en Lugo, han sido detenidos hoy por supuestas irregularidades económicas.
Según informaron a EFE fuentes del caso, las detenciones de los dos responsables del Igape se produjeron esta mañana en la sede central de este organismo en Santiago, mientras las otras nueve se registraron en Lugo, por presuntos delitos fiscales supuestamente relacionados con la tramitación de subvenciones públicas.
Las detenciones han sido practicadas por agentes de la Brigada de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Estatal Tributaria, y el caso lo instruye el Juzgado número 3 de Lugo, cuya titular es Estela San José, que ha decretado el secreto del sumario.
La Consellería de Economía e Industria ha difundido esta tarde un comunicado en el que defiende la presunción de inocencia del director y el subdirector del Igape, "que se mantienen a disposición judicial en el marco de esta investigación".
El departamento de la Xunta confirma en un escueto comunicado que agentes de la Brigada de Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria) "acudieron al Igape a solicitar información sobre una veintena de empresas de las que solamente había expedientes de tres de ellas".
Tras señalar que esta información les fue proporcionada "de inmediato", la Xunta resalta en su escrito que "colabora con la Brigada de Vigilancia Aduanera para que se investigue sin límites y se pueda aclarar al máximo su investigación".
La jueza ha ordenado esta mañana el registro de la empresa farmacéutica Nupel y de Proitec, dedicada a la ingeniería, en el polígono industrial de O Ceao, en las afueras de Lugo, donde también se han practicado varias de las detenciones.
En el registro ha estado presente uno de los propietarios de la farmacéutica, el empresario lucense Jorge Dorribo, que fue requerido esta mañana en su domicilio, en el municipio vecino de O Corgo, por un grupo de agentes de Vigilancia Aduanera.
En el marco de la misma operación también se han realizado registros en la localidad lucense se Outeiro de Rei y en la propia ciudad de Lugo, donde los agentes de Vigilancia Aduanera se han incautado de distinta documentación.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, dado que Vigilancia Aduanera solicitó permiso a la Comandancia de la Guardia Civil y la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional Policía (CNP) para utilizar los calabozos que tuviesen libres en Lugo.
De hecho, las mismas fuentes precisaron que en los calabozos de la Comisaría Provincial de Lugo hay al menos siete detenidos y en la Comandancia de la Guardia Civil otros dos, entre los que se encontraría una mujer arrestada por un supuesto delito fiscal.
Por la mañana, los agentes encargados del caso registraron las instalaciones de la empresa de ingeniería Proitec, en el polígono de O Ceao, y un inmueble en la calle Conde, y por la tarde se desplazaron a Outeiro de Rei para hacer lo mismo en una empresa dedicada a la compra venta de maquinaria.
Además, desde este mediodía, la jueza instructora, acompañada por agentes de Vigilancia Aduanera y de uno de los propietarios de Nupel, el empresario lucense Jorge Dorribo -que fue requerido esta mañana en su domicilio de O Corgo-, está registrando las instalaciones de la farmacéutica en el polígono industrial de O Ceao.
A lo largo de la tarde, hubo bastante movimiento en las inmediaciones de la empresa, con coches que entraban y salían con cajas llenas de documentación. Del interior de la nave no se puede ver nada desde el exterior, porque las ventanas fueron precintadas.
Según fuentes vinculadas a la Agencia Tributaria, los agentes que participan en este operativo también han solicitado permiso para utilizar, en misión especial, las dependencias de la Delegación de Hacienda para desarrollar sus investigaciones.
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