Detienen a empresarios por negarse a pagar millones de dólares Gobierno EEUU

  • Cuatro empresarios puertorriqueños y uno de origen asiático fueron detenidos por cometer contrabando, fraude electrónico, evasión de aranceles, lavado de dinero y negarse a pagar millones de dólares al Gobierno de EE.UU., informaron hoy las autoridades en San Juan.

San Juan, 21 jun.- Cuatro empresarios puertorriqueños y uno de origen asiático fueron detenidos por cometer contrabando, fraude electrónico, evasión de aranceles, lavado de dinero y negarse a pagar millones de dólares al Gobierno de EE.UU., informaron hoy las autoridades en San Juan.

El jefe de la División de Crímenes de la Fiscalía federal en Puerto Rico, José Ruiz Santiago, explicó en rueda de prensa que los detenidos se negaron a pagar el 400 por ciento de las tarifas que impone el Gobierno estadounidense al importarse aluminio a la isla caribeña.

Ruiz explicó que desde noviembre de 2010, el Departamento de Comercio Federal le impuso estos aranceles compensatorios adicionales al aluminio producido en China.

Los detenidos fueron identificados como Samuel García Adarme, propietario de la empresa Sultana; Edrick García Vázquez, de la compañía PRP Trading Corp; Armando García Vázquez, vicepresidente de PRP Trading Corp; Carlos Minguela Ortiz, contable de Sultana, y William Tan Piu Wong, dueño de AGI Trading Corporation.

Los empresarios puertorriqueños fueron detenidos en Puerto Rico, mientras que Piu Wong, en Florida (EE.UU.).

Ruiz Santiago explicó que los empresarios compraban piezas de aluminio en China, lo transportaban a Malasia, reemplazaban los furgones llenos del metal y dejaban de pagar las tarifas compensatorios que exige el Gobierno de EE.UU.

Según la acusación, los detenidos conspiraron para transferir 6,9 millones de dólares desde Puerto Rico hacia Malasia, con el propósito de llevar a cabo el contrabando de bienes y fraude.

La alegación de confiscación incluye 26,7 millones de dólares por los aranceles dejados de devengar y 6,9 millones por el cargo de lavado de dinero.

Los detenidos podrían ser sentenciados a un máximo de 25 años en prisión por los diferentes cargos, según las autoridades.

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