Detienen al primer exjefe guerrillero guatemalteco por crímenes de guerra

Carlos Arrazola

Guatemala, 2 may.- Un exjefe de la desaparecida guerrilla guatemalteca acusado de haber dirigido una matanza de 22 campesinos en noviembre de 1988, se convertió hoy en el primer insurgente detenido con miras a ser procesado por los crímenes cometidos por los rebeldes durante la guerra que vivió este país.

Fermín Solano Barillas, quien durante la guerra utilizó el pseudónimo de "Subteniente David", fue detenido este jueves en el interior de una escuela pública de una colonia del sur de la capital, en la que impartía clases, según un reporte de la Fiscalía.

Su detención fue ordenada este miércoles por un juzgado penal a petición del Ministerio Público, que lo acusa de asesinato en forma continuada y delitos de lesa humanidad.

Solano Barillas perteneció a la desaparecida Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), una de la cuatro agrupaciones que integraron la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Este es el primer exinsurgente detenido por los crímenes de guerra que se le atribuyen a las fuerzas rebeldes contra civiles durante la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.

Se trata de la denominada "masacre de El Aguacate", perpetrada el 24 de noviembre de 1988 por una decena de guerrilleros del frente Javier Tambriz de la ORPA, que al mando del "Subteniente David" asesinaron a 21 campesinos de la aldea El Aguacate, en la Sierra Madre, en el departamento de Chimaltenango, según la acusación.

Un día antes, el mismo grupo guerrillero había asesinado a un "comisionado militar", como se le llamaba entonces a los civiles que colaboraban con el Ejército, quien supuestamente había descubierto un escondite con armas.

Los antiguos comandantes de la ORPA reconocieron su responsabilidad en esa matanza ante la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, que en la década de 1990 investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra.

La denuncia por esa matanza, la primera que prospera en contra de un antiguo grupo guerrillero, fue presentada ante la Fiscalía en febrero del año pasado por el humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que considera responsables a tres excomandantes rebeldes.

Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo, una agrupación de extrema derecha que aglutina a familiares de militares, consideró la detención de Solano Barillas como una maniobra "distractora".

La Fiscalía "está lanzando un distractor para tratar de aparentar una nivelación en cuanto a gente capturada", señaló Méndez Ruiz al poner en duda la voluntad del Ministerio Público para investigar los crímenes de guerra que se le atribuyen a los rebeldes.

Méndez Ruiz es uno de los principales opositores al juicio por genocidio y crímenes de guerra que desde el pasado 19 de marzo se le sigue al exdictador José Efraín Ríos Montt y a su antiguo jefe de Inteligencia José Rodríguez, por considerarlo un "acto de venganza" en contra del Ejército.

Ha sido también promotor de que se investigue y enjuicie a los exguerrilleros por los crímenes contra de civiles cometidos durante la guerra interna.

Desde finales de 2011, una Fiscalía especial de Guatemala investiga a más de 200 miembros de la antigua guerrilla por su posible responsabilidad en esos hechos.

Las investigaciones se derivan de ocho "denuncias concretas" presentadas por afectados, familiares de las víctimas, familiares de miembros del Ejército o exfuncionarios del Gobierno que pudieron haber sido víctimas de insurgentes.

En una entrevista con Efe en abril pasado, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, dijo que la "prioridad" de su despacho es investigar "todos los casos", porque "quien haya cometido un crimen", bien sea un funcionario del Estado o un guerrillero, "tiene que ser investigado y sancionado".

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, que investigó las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la guerra interna, contabilizó más de 200.000 asesinatos y 45.000 desaparecidos, y responsabilizó al Ejército y los grupos paramilitares del 97 % de esos casos.

Ese informe atribuye a la antigua guerrilla 32 de las 669 masacres que ocurrieron en este país centroamericano durante la guerra.