Dieciocho viviendas están afectadas por suspensión decreto antidesahucios

  • Un total de dieciocho expedientes de expropiación de viviendas a los bancos están afectados por la suspensión cautelar del decreto andaluz contra los desahucios decretada ayer por el pleno del Tribunal Constitucional (TC).

Sevilla, 12 jul.- Un total de dieciocho expedientes de expropiación de viviendas a los bancos están afectados por la suspensión cautelar del decreto andaluz contra los desahucios decretada ayer por el pleno del Tribunal Constitucional (TC).

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy el inicio de seis expedientes de expropiación temporal del uso de seis inmuebles en las provincias de Almería y de Sevilla, que fue acordado con fecha del día 9 de julio, aunque se publica hoy en el boletín oficial.

Por tanto, estos seis expedientes se suman a los doce que hasta ayer habían iniciado los trámites para las expropiaciones del uso temporal de las viviendas a los bancos, y que se paralizan tras la decisión del Tribunal Supremo al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el decreto andaluz.

En concreto, los expedientes que publica hoy el BOJA son de dos viviendas en Roquetas del Mar (Almería) y una en Almería capital; y en la provincia de Sevilla, una en San Juan de Aznalfarache y dos en Los Palacios y Villafranca.

La decisión del TC paraliza en Andalucía la aplicación de este decreto al menos durante los próximos cinco meses, durante el tiempo que necesiten para tramitar sus alegaciones los gobiernos central y autonómico.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales deba decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla.

Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva sobre la legalidad de este decreto.

En la providencia notificada ayer, el pleno del TC da traslado de su decisión a la comunidad de Andalucía para que en el plazo de quince días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas.

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