Discapacidad. Amnistía denuncia que los somalíes con discapacidad sufren explotaciones, violaciones y abusos

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que las personas con discapacidad en Somalia corren peligro de sufrir explotaciones, violaciones, abusos, matrimonios forzados o desalojos forzosos, como consecuencia de la discriminación y las deficiencias de los servicios de salud.
Así lo indicó la ONG en el informe titulado ‘Somalia: Prioritise Protection for People with disabilities’, que revela que la falta de protección, propiciada por la discriminación que ejercen las familias, la opinión pública y el Estado, deja a las personas con discapacidad expuestas a sufrir agresiones y explotación.
“En Somalia, las personas con discapacidad están expuestas a sufrir más abusos, y a menudo se las percibe como una carga o como un blanco más vulnerable para los agresores. Somalia debe emprender más acciones para proteger los derechos de estas personas, en vez de permitir que se cometan más abusos contra ellas por causa de sus discapacidades”, afirmó la investigadora de Amnistía Internacional sobre Somalia Gemma Davies.
A este respecto, la organización pidió al Gobierno federal de la región que emprenda medidas para garantizar la protección de los derechos de este colectivo. Por su parte, las personas con discapacidad instaron al Gobierno a aceptar que son miembros activos de la sociedad civil y a proporcionales acceso a asistencia y a servicios para impedir futuros abusos.
El informe, fruto de una investigación previa que llevó a cabo Amnistía Internacional y que sacó a la luz abusos generalizados contra los derechos humanos, pone de manifiesto que la falta de respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad las expone a sufrir más abusos.
MATRIMONIOS FORZADOS Y ABUSOS
Durante la citada investigación, que tuvo lugar en febrero, el equipo de Amnistía Internacional entrevistó a decenas de personas, la mayoría con discapacidad física, que relataron los abusos a los que habían sido sometidas, especialmente mujeres y niñas, quienes señalaron que fueron obligadas a casarse con hombres mayores o agresivos.
“Mi familia decidió entregarme a aquel hombre, pero yo me negué y me escapé. Entonces mi familia mandó a varios hombres fuertes a buscarme. Me capturaron, me ataron las manos y las piernas y me tiraron a una habitación junto con aquel hombre. Él me golpeó desde el principio. Su familia decía que yo era discapacitada, que no debía quejarme”, denunció una de las entrevistadas.
En este sentido, la entidad denunció que las personas con discapacidad son agredidas por ser percibidas como blancos fáciles, y exige al Gobierno de Somalia que elabore un marco jurídico y político de ámbito nacional para abordar los abusos que sufren estas personas y que ratifique la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS DESPLAZADOS
Asimismo, la organización destaca que las personas con discapacidad desplazadas en Mogadiscio y otras partes de Somalia sufren una mayor discriminación, tanto por parte de civiles como por grupos armados, que les roban la ayuda alimentaria, o por los responsables de la prestación de servicios, que desatienden sus necesidades específicas.
“Varias mujeres con discapacidad se han visto obligadas a trasladarse al corredor de Afgooye, donde reina la inseguridad y el acceso a Mogadiscio es complicado. En los últimos años han sido desalojadas por la fuerza numerosas veces”, denuncia Amnistía Internacional.
Una somalí desplazada con dificultad para manejar las manos contó al equipo de Amnistía Internacional que unos empresarios que buscaban construir casas la amenazaron y dedicaron descalificaciones como ‘tullida’.
La organización informó de que diversos grupos de personas con discapacidad se han organizado para brindarse protección, mientras que otros se han movilizado para manifestarse por sus derechos.
“El Gobierno Federal de Somalia debe ofrecer a las personas con discapacidad la posibilidad de participar activamente en los procesos de toma de decisiones, sobre todo en los que más les afectan, incluidos el actual proceso de revisión constitucional y la redacción de un marco jurídico y político para las personas con discapacidad”, concluyó Davies.