Discapacidad. El cermi celebra la absolución de la familia leonesa acusada de abandono familiar

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de León que absuelve a los padres de una persona con síndrome de Down del delito de abandono de familia, por negarse a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial, como ordenaba la Administración educativa de Castilla y León, ante la imposibilidad de hacerlo en un centro inclusivo, como era su deseo.
El Cermi saluda el desenlace positivo del proceso penal, "que nunca tuvo que llegar a producirse, pues el ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva, reconocido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, ha de estar garantizado y ha de poder hacerse efectivo", afirmó este jueves el comité en un comunicado.
La responsabilidad en este caso, prosigue la plataforma, es del sistema educativo español, de su legislación reguladora y de las administraciones que la aplican, "que ignoran los valores, principios y mandatos superiores de la convención".
Esta convención, recuerda el Cermi, establece el modelo de educación inclusiva y el ejercicio de la libertad de elección, mientras no desaparezca la educación segregadora por razón de discapacidad.
En su momento, el comité exigió a la Fiscalía de León, que ejerció la acción penal, que desistiera de ella, pues "suponía una aberración acusar criminalmente a quienes, como esta familia, quieren hacer uso de un derecho humano reconocido en un tratado internacional de Naciones Unidas, y el sistema de enseñanza español se lo impide sin ninguna justificación".
Asimismo, el Cermi pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado en el caso, que emitió a solicitud del comité un informe en el que desaconsejaba actuar criminalmente y planteaba la renuncia a la acción penal por la Fiscalía, lo que finalmente ha sucedido.
La Fiscalía de León, atendiendo al informe de la Fiscalía General del Estado, ha renunciado a la acusación, produciéndose como consecuencia la absolución de estos progenitores.
"Este desgraciado caso judicial", dice el comité, "pone en evidencia la completa incompatibilidad de la legislación española en materia de educación con la Convención de la ONU y la vulneración estructural y permanente del derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, sin discriminaciones ni segregaciones".
En el momento de la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce), el Cermi denunció la contradicción de la norma con la convención y pidió a la defensora del Pueblo que la recurriera ante el Tribunal Constitucional.
De igual modo, en sus informes anuales sobre derechos humanos y discapacidad en España, que el Cermi remite a Naciones Unidas, aparece constantemente la queja contra España por mantener una legislación educativa contraria a los derechos humanos de las personas con discapacidad.