Discapacidad. El congreso rechaza acelerar la obligatoriedad de que bienes y servicios sean accesibles a personas con discapacidad

La Comisión para las Políticas de la Discapacidad del Congreso de los Diputados rechazó hoy una proposición no de ley del PSOE que instaba al Gobierno a aprobar, en el plazo más breve posible, una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.
El PSOE no admitió una enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, por lo que la iniciativa se rechazó con 23 votos en contra y 19 a favor. Durante su intervención, la diputada socialista Gracia Fernández hizo hincapié en que la Constitución reconoce la igualdad de todos los españoles sin que pueda prevalecer discriminación alguna, y ordena a los poderes públicos a prestar la atención que requieran a las personas con discapacidad.
“La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye una forma sutil pero eficaz de discriminación”, comentó Fernández, quien aseguró que la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir todos los bienes, objetos y servicios para ser utilizables y practicables por todas las personas.
Fernández aseveró que si se trata de una cuestión urgente no deberían fijarse plazos ni demorarlos. “Las deficiencias y dificultades han sido detectadas y denunciadas por personas con discapacidad a nivel individual y colectivo. Por eso nuestro partido trae esta proposición para acortar los plazos todo lo posible”, concluyó.
Los plazos de exigibilidad de garantías de accesibilidad en bienes y servicios a los que se refería el diputado socialista están establecidos en el Real Decreto 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular alegó que la enmienda que propuso a la iniciativa socialista “va dirigida a que se cumpla la legalidad”. Según apuntó el diputado del PP Carmelo Romero, en el Real Decreto 1/2013 se fija un plazo para que termina el día 4 de diciembre de 2015, por lo que consideró que no es el momento para pedir al Gobierno que adelante el cumplimiento del plazo.
“Tenían ustedes posibilidad desde hace un año de meter esta proposición no de ley y, sin embargo, no lo han hecho, por tanto deduzco que mucha prioridad no le dan ustedes a este tema”, incidió Romero, quien aseguró que el Gobierno ya está llevando a cabo una política integral y transversal en materia de discapacidad.