Dos nuevos detenidos por su presunta mediación en contratos de la Operación Púnica

La Guardia Civil ha detenido a dos personas supuestamente relacionadas con la trama de corrupción municipal y autonómica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba.

Fuentes de la investigación han informado de que las detenciones se llevaron a cabo anoche, dentro de la llamada Operación Púnica, y que una de estas personas fue arrestada tras volver a España de un viaje en el extranjero.

Con estas detenciones y la de ayer de un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son ya 38 los arrestados en la operación y 14 los imputados, aunque algunos de ellos han sido ya puestos en libertad por el juez.Imputado un empresario por articular contratos a favor de De Pedro

El juez ha imputado al empresario Francisco Ruiz Valenzuela por articular contratos por parte de la Diputación de León a favor de Alejandro de Pedro Llorca, fundador de la empresa valenciana EICO, y detenido también en el marco de la Operación Púnica.

Según consta en un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), recibió"una donación" por parte de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, a cambio de la adjudicación a esta compañía de un contrato de eficiencia energética por valor de 54,6 millones de euros.

La resolución judicial detalla que el regidor, en prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y seleccionó como empresa auditora a la empresa Ruta Energética, vinculada al empresario y 'conseguidor' David Marjaliza, con el fin de encubrir "el pago de una comisión pactada".

Fraile está imputado indiciariamente por integración en organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. Los mismos delitos se atribuyen a su jefe de gabinete, Antonio Borrego, que negoció los términos del contrato con Marjaliza y el otro 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, gestionó la donación y controló la ejecución del contrato.

La adjudicación fue supervisada por el asesor Avelino Pérez, en libertad bajo fianza de 20.000 euros e imputado por los mismos delitos que el alcalde y su jefe de gabinete. El técnico se encargó, según el juez, de intermediar en los pagos y controlar la partida presupuestaria de la adjudicación.

El otro regidor para el que el juez Velasco ha dictado el ingreso en prisión con una fianza de 60.000 euros es el de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP). Cuñado de Marjaliza, el regidor siguió las instrucciones de éste sobre "cuándo y a quién facturar" y le mantuvo "puntualmente informado" sobre el desarrollo de los contratos.

Imputado por los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsificación documental, cohecho y fraude, el juez también ha detectado que "estaría articulando un procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad".

Al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), en libertad bajo fianza de 40.000 euros, se le atribuye la concertación con Cofely de un contrato de eficiencia energética por valor de 39,4 millones de euros a cambio del cual los miembros de la Corporación local "habrían recibido pagos de 70.000 euros".

El primer edil de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), en libertad con comparecencias mensuales, se puso "en manos" de Marjaliza y De Pedro para la redacción de un contrato de eficiencia energética que también se adjudicó a Cofely tras la presentación de una oferta que resultó "laboriosa" debido a las condiciones del contrato.