Washington, 6 jun.- El Gobierno estadounidense justificó hoy la "legalidad" de los registros telefónicos habituales que hacen sus agencias de inteligencia, y reiteró que son una "herramienta crítica" para enfrentar la amenaza terrorista.
Uno de los portavoces de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró hoy en declaraciones a los periodistas que acompañaban al presidente Barack Obama en su viaje a Carolina del Norte que estas actividades de inteligencia se realizan "con el conocimiento y la supervisión del Congreso".
Earnest matizó que esta recopilación de datos "no permite que se escuchen las llamadas telefónicas de ninguna persona, ni registrar el contenido", y se circunscriben "exclusivamente a detalles sobre el número de teléfono y la duración de las llamadas".
Según la información que ha salido a la luz y que destapó en exclusiva el diario británico The Guardian, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recoge todos los días registros de llamadas de millones de clientes de la operadora de telefonía Verizon, en virtud de una orden judicial secreta.
Verizon, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de EE.UU., con más de 100 millones de usuarios, se limitó a señalar en un comunicado que entre sus prioridades figura "la protección de la privacidad de sus clientes", pero que tiene que entregar información cuando se lo ordene un tribunal federal.
No obstante, Randy Milch, consejero general de Verizon, eludió confirmar si había recibido o no esta orden.
En esta ocasión, Obama ha contado con el inusual apoyo de la oposición republicana.
El senador republicano Lindsay Graham por Carolina del Norte, que se reconoció usuario de la compañía telefónica, se mostró a favor de este tipo de registros si tienen como objetivo proteger a los ciudadanos de la amenaza terrorista.
"No me importa que Verizon entregue estos registros al Gobierno si me asegura que van a intentar cotejar el teléfono de un terrorista conocido con alguien en EE.UU.", afirmó Graham, conocido por sus habituales críticas a Obama en materia de seguridad.
Por su parte, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, de Michigan, señaló que estos registros son un elemento "muy valioso" para proteger la seguridad nacional.
"En los últimos años, este programa se ha usado para detener un ataque terrorista en Estados Unidos. Lo sabemos. Es importante", dijo Rogers.
También desde las filas demócratas se apoyó el programa, y la influyente senadora por California y presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, destacó que se trata de una práctica continua y "legal", y que el Congreso está al tanto.
"Hasta donde yo sé, esta es la misma renovación por tres meses de lo que ha sido habitual en los pasados siete años. El Congreso ha estado informado", agregó Feinstein.
El portavoz presidencial reiteró que hay un "régimen legal sólido" que revisa los poderes que la ley antiterrorista de 2001, conocida como "Patriot Act", concedió al Gobierno "para asegurarse de que cumplen con la Constitución".
Sin embargo, el caso de espionaje ha renovado las críticas de las asociaciones pro-defensa de los derechos civiles, que han acusado al gobierno de llevar a cabo espionaje contra los ciudadanos.
En las últimas semanas la Administración Obama se ha enfrentado a otros casos de escuchas telefónicas a la agencia AP y de un periodista de Fox News, lo que ha avivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte del gobierno.
En este sentido, Earnest señaló que Obama "da la bienvenida al debate sobre el término medio entre la seguridad y las libertades civiles", pero se mostró tajante al remarcar que la "máxima prioridad" del presidente es el primero de esos valores.
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